El Observador: Civiles en lugar de policías: ¿menor corrupción, más eficacia contra el delito?

Civiles en lugar de policías para combatir el denominado “delito complejo” en la Provincia. La Legislatura bonaerense finalmente sancionó la ley que crea la Policía judicial. Se trata de uno de los proyectos más esperados por distintos sectores, tanto judiciales como políticos y académicos, de los últimos quince años.

La mentada iniciativa siempre tuvo en su espíritu reemplazar paulatinamente la cuestionada labor policial para investigar las tramas de los crímenes más intrincados y de los delitos cometidos en la administración pública. 

En ese sentido, siempre se habló de optimizar los resultados de aquellas investigaciones dotando de mayores recursos técnicos y personal a los casos más delicados. Pero lo que siempre se quiso atacar fue la corrupción policial en ese campo de ilícitos, sobre todo de los mismos uniformados que eran los encargados de liderar las investigaciones  “en la calle”. Y además, se debía combatir el alto índice de participación policial en esos mismos delitos.

Desde la llamada “maldita Policía” del entonces jefe Klodczyk -quien a su vez la consideraba la “mejor del mundo”- hasta las filas de oficiales de nuestros días, miles de numerarios se han visto involucrados  en toda clase de hechos, desde los emblemáticos asesinatos de los jóvenes Miguel Bru y Andrés Núñez o el fotógrafo José Luis Cabezas hasta golpes a bancos, secuestros extorsivos, bandas de desarmaderos, de narcos e incluso atentados, entre una gama variopinta en el mundo del hampa organizada. 

Ahora bien, la pregunta viene de suyo. ¿Un cuerpo de abogados civiles podrá reemplazar al detective o sabueso policial en su experiencia con el delito de calle? ¿Un cuerpo de abogados garantiza menos corrupción que un cuerpo policial? El escenario se da en una provincia donde desde hace más de dos décadas el vector de toda investigación criminal sigue siendo el llamado “buche”: ese sujeto que entrega el dato primigenio a cambio “de” o porque está comprometido “con”. 

En la actualidad, casi ningún fiscal o juez de Garantías se atrevería a negar que el disparador de las pesquisas criminales sigue siendo ese extraño y cuestionado (léase ilegal, claro) personaje, cuya identidad y función jamás aparece -ni aparecerá- en los expedientes judiciales, y se menciona con un extraño cliché: a raíz de tareas investigativas efectuadas por el personal de la jurisdicción”. Una frase que no dice nada, pero que a fiscales y policías les permite echar a rodar el caso, y en especial evitar futuras nulidades durante el proceso o al momento del juicio oral. 

De modo que es mucha y ardua la tarea que tendrán los futuros integrantes de la Policía judicial. Como suele ocurrir siempre en materia de reformas penales y criminales, habrá resistencia al cambio, y se enarbolarán críticas ponderando aquellas supuestas virtudes de la labor policial, denostando a la vez la capacidad de los civiles que vengan en su reemplazo. 

El panorama es evidente. Y hay que decirlo. Se trata del control del delito en la Provincia, lo que infiere el manejo de cajas de recaudación tan informales como suculentas. Son las que dejan los vueltos por zonas liberadas, detenciones parcializadas, comisiones por “trabajos” realizados, la venta de información sobre allanamientos y,  como siempre, el ítem más cotizado: el precio de la libertad, en términos de acomodar-armar-sembrar-desaparecer prueba, según el caso. 

Ese es el desafío para el cambio que tendrá la Policía judicial. Nada menos. Porque cuando se habla de delito, rara vez se pone la lupa en la calidad de las investigaciones, de los funcionarios a cargo de ellas y de los esclarecimientos logrados. 

Por lo general, al momento de los juicios orales, los tribunales cuestionan en sus sentencias la labor policial. Pero desde los uniformados desde hace tiempo también se permiten poner en duda las directivas de instructores y fiscales o su marcada ausencia en el lugar de los hechos, entre otros ítems.

La del Cuerpo de Investigadores Judiciales se trata de una ley en ciernes, que con el paso del tiempo recibirá graduales y futuras ampliaciones. Esta ley votada la semana pasada por la Legislatura comenzó a gestarse en 1994. Y hay un antecedente de peso. Fue a partir de la reforma penal de 1998 cuando con el cuerpo de fiscales y de instructores reemplazó entonces al anterior “juez en lo Criminal y Correccional”. Hoy los resultados son más problemáticos que con anterioridad a esa reforma en cuanto a aspectos neurálgicos del sistema, como  la escasa cantidad de hechos que arriban a sentencia, las efectivas condenas, los casos en aumento que quedan impunes y el tiempo que transcurre entre la comisión del delito y el juicio oral. Como apunte, es clave. Como diagnóstico, resulta alarmante.