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El Presidente presentó un proyecto para reformar la Justicia

Alberto Fernández anunció ayer desde la Casa Rosada su intención de “consolidar una Justicia independiente” mediante la unificación y duplicación de juzgados federales.

El presidente Alberto Fernández presentó hoy el proyecto de ley de Reforma de la Justicia, que además de unificar y duplicar los juzgados federales, designará un consejo de notables. Este tendrá por objeto asesorar al Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento del sistema en aspectos claves como la composición de la Corte Suprema, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura o la implementación del sistema acusatorio, entre otros temas.

La reforma, que podría ser enviada esta semana por el Ejecutivo al Congreso para su análisis, tiene por principal objetivo mejorar el fuero federal. La manera de hacerlo es fusionando los doce juzgados criminales con los once de penal económico, y duplicando su número para dinamizar esta área judicial que se ocupa de los delitos complejos como narcotráfico, trata y corrupción, entre otros.

El jefe de Estado expresó al iniciar su discurso que “los cuatro años que precedieron mi asunción como Presidente de la República, estuvieron signados por medidas que afectaron las reglas de imparcialidad que deben gobernar la acción judicial en un Estado de Derecho”.

“Con el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia 257/15, se suspendió la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal y de todas las normas que lo complementaban”, agregó.

Y enfatizó que “la Agencia Federal de Investigaciones volvió a quedar bajo un manto de sospecha al permitírsele, una vez más, el manejo de fondos reservados y la posibilidad de participar en el curso de diversas pesquisas judiciales”.

“Con el devenir de los días, se fue perdiendo la transparencia judicial. El cuestionamiento a jueces que expresaran independencia se tornó tan cotidiano como la manipulación de otros jueces que respondieran a los intereses del poder de turno”, expresó. 

En ese contexto, “la arbitrariedad procesal fue ganando terreno en desmedro de las más elementales normas que garantizan el debido proceso”.

El Presidente recordó que “sin Justicia independiente del poder político no hay República ni democracia. Solo existe una corporación de jueces dispuestos a satisfacer el deseo del poderoso y castigar sin razón a quienes lo enfrentan. De una vez por todas digamos nunca más a una Justicia que es utilizada para saldar discusiones políticas, y a una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno”.

“Para comenzar a corregir los desvíos que cierto proceder judicial evidenciaba, dispuse la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia. Ese organismo ya no cuenta con fondos reservados, no hace inteligencia interna y no influye en procesos judiciales”, destacó Fernández.

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“Lo que estamos proponiendo hoy no es otra cosa que consolidar una Justicia independiente, regida por las mayores normas de transparencia y que desarrolle los procesos con celeridad y eficiencia. Solo con ese objetivo estamos poniendo a consideración del Honorable Congreso de la Nación el proyecto de Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal”, comentó el mandatario.

Detalles de la iniciativa

En principio, el proyecto plantea la necesidad de organizar mejor la Justicia Federal y, en particular, superar la crisis que claramente afecta la credibilidad y el buen funcionamiento de la justicia federal con competencia penal.

El proyecto crea la Justicia Federal Penal con asiento en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la consolidación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico. Cada uno de esos Tribunales actuarán en lo sucesivo con una de las dos secretarías que actualmente tienen. La restante se convertirá en secretaría de 23 nuevos tribunales que se sumarán para acabar de conformar el fuero.

“Esta lógica de ampliación del número de juzgados ha tenido muy en cuenta la necesidad de adecuar la labor jurisdiccional, a la demanda que deriva de la puesta en marcha del sistema acusatorio que impone el Código Procesal Penal Federal”, afirmó Fernández.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a diferencia de lo que ocurre en la justicia federal del resto del país, la competencia para investigar y sancionar ese entramado delictivo se encuentra dividida entre los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico. “Es hora de unificarlos”, dijo el Presidente.

Asimismo, aclaró que “la conformación de esta nueva estructura judicial en nada afecta el principio del Juez Natural. La totalidad de las investigaciones y juicios en curso quedarán bajo la jurisdicción de los jueces, juezas o tribunales orales que actualmente las estén tramitando”.

También se prevé la unificación de las cámaras de apelaciones y la creación de tribunales orales, de fiscalías y defensorías para que se sumen al nuevo esquema.

Además, los concursos que el Consejo de la Magistratura realice para seleccionar los candidatos y candidatas a cubrir los nuevos tribunales federales que proponemos crear, deben realizarse por prueba de oposición oral y pública. Todo el procedimiento será registrado en soporte de imagen y sonido al que se le dará difusión pública para garantizar objetividad, igualdad de oportunidades y transparencia.

En otro orden, el proyecto propone transferir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la competencia para investigar y juzgar la totalidad de los delitos no federales cometidos en su territorio.

En un segundo título, la ley propicia la unificación plena de la materia Civil y Comercial Federal con la que es propia del Contencioso Administrativo.

El tercer título de la ley propone un fortalecimiento de la Justicia Federal en el interior del país.

Finalmente, la ley impone en su capítulo final una serie de reglas de actuación que deberán respetar los jueces y juezas federales: la Ley N° 27.146, cuya vigencia fue suspendida por el gobierno anterior mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 257/15.

Por otra parte, se crearía el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, que deberá “elevar a consideración del Presidente, propuestas concretas sobre los temas que conciernen a una mejor administración de la Justicia”.

 

 

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