En octubre comenzará la discusión presupuestaria en la Provincia

El artículo 103 de la carta magna provincial indica que corresponde al Poder Legislativo establecer los impuestos y contribuciones necesarios para los gastos de servicio público, debiendo estas cargas ser uniformes en toda la Provincia.

Para ello lo habilita a “fijar anualmente el cálculo de recursos y el presupuesto de gastos. Con relación a nuevos gastos, dentro de la ley de Presupuesto, la iniciativa corresponderá exclusivamente al Poder Ejecutivo; pero la Legislatura podrá disminuir o suprimir los que le fuesen propuestos”.

Según el texto de la Constitución, la ley de Presupuesto será la base a la que debe sujetarse todo gasto en la administración general de la Provincia, y si el Poder Ejecutivo no remitiera los proyectos para el ­ejercicio siguiente antes del 31 de agosto, la Legislatura podrá iniciar su estudio y ­sancionarlos, tomando por base las leyes vigentes.

Vencido el ejercicio administrativo sin que la Legislatura hubiese sancionado una nueva ley de gastos y recursos, se tendrán por prorrogadas las que hasta ese momento se encontraban en vigor.

Teniendo en cuenta los plazos estipulados en el texto de ley, el tiempo de la presentación ya venció, pero dado que el control en la Legislatura no recae sobre las filas de la oposición, las Cámaras no tomarán ahora la decisión de promulgar un nuevo presupuesto en base al actual.

En este marco, el gobierno de la provincia de Buenos Aires buscará terminar el ejercicio 2022 en la Legislatura con la ley de leyes aprobada, por lo que el trabajo sobre el texto ya está en marcha.

La situación económica en la que se encuentra sumergido el país también atenta contra lo marcado en la Constitución bonaerense, ya que aún no está claro el número con el que la inflación cerrará el año en curso, y aunque el 60% proyectado por la cartera de Economía de la Nación para 2023 sea la estimación oficial, la demora haría que lo marcado en el texto que prevé los gastos para el año próximo “no se quede corto”.

Se espera que en octubre próximo el Ejecutivo gire a las Cámaras el borrador para comenzar la discusión de la previsión de gastos enmarcada en la ley, y ese será el momento en el que se comenzarán a conocer las exigencias de representantes de la oposición y, sobre todo, de los intendentes.

Los jefes comunales son un eje primordial en la discusión de cada presupuesto, ya que dependen en buena medida del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) para llevar adelante las obras en sus distritos.

Lo que a cada municipio le sea asignado en el FIM depende de una variable denominada CUD (Coeficiente Único de Distribución), que año a año varía según indicadores que sería extenso explicar, pero que es el eje de las discusiones. Por este motivo hay ­alcaldes que no se encuentran conformes

con la disposición de esta variable y que ­pedirán detalles de cuáles son los elementos que se utilizan para determinarla, para no recibir “el promedio de los últimos tres años” como respuesta, tal como si se tratara de la tabla del descenso en el torneo de fútbol local.

En ese marco, son los alcaldes opositores, pero también muchos oficialistas, los que buscarán la inclusión del FIM dentro del texto de la ley de leyes y en cómo se distribuirán los recursos que desde la Provincia bajarán a los municipios.

Sobre este punto es menester destacar que la división excede los colores partidarios y se encuentra en las fronteras, ya que son muchos los intendentes que creen que el grueso de lo destinado a sus ciudades está concentrado en el AMBA, dejando de lado al interior bonaerense. En este punto, tanto el FIM como los recursos coparticipables están en el ojo de los responsables de los municipios a la hora de discutir con el Ejecutivo bonaerense.

Otro eje que tendrá protagonismo en las reuniones en comisión cuando el texto baje a las Cámaras será la ley impositiva, porque con el 60% de inflación prevista para el año próximo por la cartera de Hacienda de la Nación, es de esperar que tenga incidencia en la carga tributaria de los habitantes de los 135 municipios; ver cómo hace el gobierno provincial para mitigar ese impacto es algo que desde todas las bancadas están esperando.

Finalmente habrá que ver también cómo se realiza la distribución en las diferentes áreas (infraestructura, salud, educación y seguridad, principalmente) y para ello es necesario que sus responsables hagan lo que año a año realizan, que es asistir a la Legislatura para dar explicaciones no solamente de la previsión de gastos de 2023, sino también de la ejecución del Presupuesto de este año en sus respectivas carteras.

Las cartas están echadas y será tiempo de discusión legislativa, en donde los consensos serán los protagonistas en pos del objetivo del Ejecutivo de terminar el ejercicio legislativo con la ley de leyes aprobada.