También solicitó el llamado a indagatoria de Mauricio Macri, Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, María Eugenia Vidal, Julio Conte Grand y Luis Armella.
César
Albarracín, abogado patrocinante de Juan Pablo Medina y su familia, solicitó el procesamiento de
Marcelo Villegas, Roberto Gigante, Adrián Grassi, Julio Garro, Juan Pablo Allan,
Dario Biorci, Juan De Stéfano, Diego Dalmau Pereyra, Fabián Cusini, Jorge del
Río, Ricardo Alconada, Guillermo Moretto, Marcelo Jarworsky y Bernardo
Salszascky, en el marco de la causa que investiga la mesa judicial macrista, que
bajo la órbita de María Eugenia Vidal, se encargaba de perseguir a
sindicalistas bonaerenses. Entre ellos, el “Pata”.
Asimismo, pidió el llamado a
indagatoria de Mauricio Macri, Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, María Eugenia
Vidal, Julio Conte Grand y Luis Armella.
La decisión de embestir
contra Juan Pablo Medina empezó a gestarse a fines de marzo de 2017.
Un informe de Presidencia de
la Nación incorporado a la causa aporta datos sugestivos, que deben
correlacionarse con los dichos de Villegas durante la reunión de la Gestapo antisindical, en el sentido de
que existía una decisión política del Gobierno nacional y del Gobierno
provincial para concretar el plan de encarcelamiento de Juan Pablo Medina y su
entorno.
De hecho, las constancias
dan cuenta, entre otros, del ingreso de Villegas a Casa Rosada el 4 de mayo de
2017, lo que se reiteraría el 24 de agosto, el 23 de noviembre y los días 20 y
26 de diciembre.
La agenda del ex ministro de
Trabajo, también incorporada a causa FLP 18933-21, permite conocer que la
reunión del 4 de mayo se concretó con el ex presidente Mauricio Macri y con los
ministros y funcionarios nacionales Dietrich, Arribas, Bullrich y Frigerio.
También pudo corroborarse
tanto el ingreso de Villegas y Arribas a Rosada como la presencia de Macri,
Patricia Bullrich, Garavano, Triaca y Dietrich.
Para comprender el modo
coordinado con el que actuaron, debe señalarse que en el encuentro posterior
del 24 de agosto de 2017, Villegas coincidió con la ex gobernadora María
Eugenia Vidal, quien ingresó y egresó en el mismo horario que su ministro de
Trabajo.
También Roberto Gigante tuvo
varios encuentros en casa Rosada, uno de ellos concretado el 5 de mayo de 2017,
esto es, un día después de la reunión de 10 Villegas y otra el 25 de septiembre
de 2017, fecha que también resulta clave en el caso, pues se trata del día
previo a la detención de Medina.
En su descargo, el ex ministro de Trabajo reconoció que
Mauricio Macri estuvo presente en la reunión y que el objeto de la misma fue
abordar la “problemática” vinculada a Juan Pablo Medina.
Puede advertirse de qué modo
la reunión dispara una importante cantidad de llamadas entre los actores
políticos que estarían involucrados en la maniobra, pero también comunicaciones
de éstos hacia referentes judiciales (por ejemplo, llamadas a Conte Grand) y
hacia quienes oficiarían como órganos de prueba (llamadas a Alconada, quien a
su vez, se comunicaría los días siguientes con otros empresarios).
El 5 de mayo de 2017 (sólo
un día después de la reunión mencionada en el acápite anterior) se registra
además la primera de las actividades de inteligencia
ilegal contra Juan Pablo Medina.
Quien hace la consulta es
Alan Ruiz. En ese momento, dependía del Ministerio de Seguridad Nacional
(recordemos la presencia de Patricia Bullrich en la reunión del día anterior) y
luego fue designado como director de Operaciones de la AFI. A la vez, el
primero de los informes de inteligencia ilegal data del martes 9 de mayo de
2017.
Como puede apreciarse en el
pdf vinculado a esta nota, los distintos trámites judiciales que se fueron
generando a uno y otro expediente no derivan de la actuación independiente de
las autoridades judiciales que los tenían a cargo, sino del permanente
direccionamiento que se iba generando a partir de la estrategia externa
desplegada por los imputados.
A la par del expediente,
existían múltiples acciones, comunicaciones y reuniones extraprocesales que son
las que en realidad iban definiendo la configuración y avance de las causas.
El entramado que se fue
generando se relaciona con lo planificado en la mesa del 15 de junio y los
informes requeridos a los empresarios, junto a las testimoniales con reserva de
identidad que se plantaron primero en la UFI 1 de La Plata, y las denuncias que
se iban presentando accesoriamente (Marín, Ganduglia) son las que terminan
dando cuerpo a los expedientes y luego justificando la medidas que se fueron
disponiendo, todo ello junto a las otras actividades que se iban
materializando, como la generación y presentación de denuncias anónimas como la
que diera pie a investigaciones oficiosas de la UFI 11 de La Plata.