Habilitan la feria judicial para investigar el contrabando

Un juez en lo Penal Económico dispuso ayer habilitar la feria judicial para investigar el contrabando de armas que, según denunció el gobierno de Bolivia, el entonces presidente habría cometido para apoyar al régimen que dio un golpe de Estado en ese país vecino a fines de 2019.

Se trata de Javier López Biscayart, en cuyas manos recayó la causa judicial iniciada por una denuncia del actual Gobierno argentino, y que accedió a ordenar las medidas de prueba pedidas por el fiscal del caso, Claudio Navas Rial.

Entre las medidas tomadas por el magistrado está la solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores para que entregue el original de una carta en la que las autoridades bolivianas agradecen el envío de armas y municiones por parte del gobierno macrista.

Se trata de 40.000 cartuchos AT 12/70, 18 aerosoles de gas lacrimógeno MK-9, 5 aerosoles de gas lacrimógeno MK-4, 50 granadas de gas CN, 10 granadas de gas CS y 52 granadas de gas HC, que fueron transportados en un avión Hércules C-130 que partió del aeropuerto militar de El Palomar el 12 de noviembre y llegó a Bolivia al día siguiente por la madrugada.

López Biscayart también pidió todas las comunicaciones recibidas por aquella época por la embajada argentina en Bolivia, las filmaciones de la mesa de entradas de la sede diplomática boliviana y la información y documentación relacionada con el vuelo en que se transportó el material bélico.