Hornos y Borinsky rechazaron que la Corte revise la integración de su propio tribunal

La defensa de Cristina Kirchner había recusado a los jueces por falta de independencia y parcialidad, a partir de que trascendió que mantuvieron encuentros sociales con Mauricio Macri cuando era presidente.

La Cámara Federal de Casación Penal declaró ayer “inadmisible” el recurso extraordinario federal con el que la defensa de Cristina Fernández de Kirchner buscó llegar a la Corte Suprema de Justicia para cuestionar la intervención de los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, en la revisión de la sentencia de la causa conocida como Vialidad.

La decisión fue adoptada por unanimidad por los miembros de la Sala IV del máximo tribunal penal del país, integrada por los propios Hornos y Borinsky y por el magistrado Diego Barroetaveña.

En esa sala se encuentran radicados desde mayo de este año los recursos de las defensas contra las condenas impuestas a Fernández de Kirchner, al empresario Lázaro Báez y a José López, entre otros exfuncionarios, por el delito de fraude a la administración pública y el recurso del fiscal Diego Luciani contra la absolución por el delito de asociación ilícita por el que había acusado durante el juicio.

Cuando ingresó la causa a Casación, la defensa recusó a los jueces Hornos y Borinsky porque ya habían intervenido y por supuesta falta de independencia y parcialidad, a partir de que trascendió que mantuvieron encuentros sociales con Mauricio Macri cuando se desempeñaba al frente del Poder Ejecutivo.

Ese planteo fue denegado y la defensa intentó diversos recursos para forzar la intervención de una sala distinta a aquella que resultó sorteada, todos rechazados.

En esta última oportunidad, tal como solicitó el fiscal del caso ante la Casación, Mario Villar, el tribunal denegó el recurso extraordinario para que la Corte Suprema revise la integración: se prevé que la defensa de la exmandataria recurrirá “en queja” al máximo tribunal.

De quedar firme esta resolución, los ­magistrados Hornos y Borinsky, miembros de la Sala IV de Casación, integrarán el tribunal que deberá revisar la sentencia de la causa en la que se investigó el supuesto direccionamiento de la obra pública durante el kirchnerismo en Santa Cruz, a favor del empresario Báez.

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