La iniciativa fue presentada por el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, quien dijo que la cartera apoyará su sanción en la Legislatura.
El titular de la cartera de Trabajo bonaerense, Walter Correa, presentó un proyecto en la Legislatura que, con la modificación del artículo 48 de la ley 11.653, busca mejorar los montos de las indemnizaciones de los juicios laborales.
Lo hizo junto a las diputadas provinciales del Frente de Todos, Soledad Alonso y Maite Alvado, autoras de la iniciativa que propone que se fije por ley la tasa de interés aplicable a las indemnizaciones. Actualmente, en el ámbito provincial, dicho porcentaje se ubica por debajo del que rige en la Ciudad de Buenos Aires.
En esta línea, se destacó que, por el tiempo que tardan los juicios laborales, al momento de la sentencia se ofrece un monto que se devalúa y que resulta menor al que corresponde debido a la inflación.
La iniciativa presentada por Correa contempla que la tasa de interés aplicable sea activa, lo que evitará que se deprecie por el paso del tiempo. También promueve acuerdos entre las partes, lo cual derivará en un descenso de la dilatación de los plazos de las causas laborales, en el caso de aprobarse el proyecto en la Legislatura bonaerense.
Correa aseguró que la ley busca “demostrar que el Ministerio de Trabajo, como institución, se involucra porque entendemos que es positivo para las y los trabajadores”.
También confirmó que la cartera laboral “se va a comprometer y vamos a poner el gancho, digámoslo en criollo, para que ningún compañero ni ninguna compañera en la Legislatura tenga alguna duda de lo que significa la función pública”.
“Al monto total por el que se condene a la demandada se deberán adicionar los intereses devengados desde la fecha de su exigibilidad y hasta el efectivo pago. La tasa de interés aplicable será la tasa activa efectiva anual vencida, cartera general diversa del Banco Nación, con capitalización anual desde la fecha de notificación del traslado de la demanda”, dijeron durante la presentación del proyecto.
“No hay que olvidar que uno de los fundamentos de la existencia del Estado es la defensa del vulnerable; más aún en el derecho laboral, plasmado en el principio rector y fundamento de todos los demás: el principio protectorio”, continuaron.
Y concluyeron: “Es de justicia y sentido común buscar y aplicar un criterio más beneficioso al actor social más fundamental: el trabajador”.