Insisten en el pedido de apartar a dos jueces en la causa Lago Escondido

En el marco de la causa de libre acceso a Lago Escondido, un grupo de personas pertenecientes a distintas organizaciones se encargaron de pedir firmemente que se aparte a los jueces Apcarian y Barotto ante la “sospecha de falta de imparcialidad e independencia”.

Según declararon en el pedido, el Superior Tribunal de Justicia “no debe prestarse a sospechas sobre su vínculo con el poder político en este caso ni en ningún otro”, y agregaron que el “Código de Bangalore sobre conducta judicial”, de aplicación obligatoria en el Poder Judicial de Río Negro, incorpora los principios de independencia de los jueces como garantía fundamental de la existencia de un juicio justo.

En concreto son 25 las personas y organizaciones que acompañan el pedido de recusación de los magistrados, mediante un documento en el cual explican los cuatro puntos que consideran fundamentales para la separación de los apuntados.

En ese marco, expresan que existe una “falta de imparcialidad a raíz de la denuncia presentada por Odarda al STJ ante la Comisión de Juicio Político de la Legislatura de la provincia, por imponer las costas judiciales a las ciudadanas que denunciaron la contaminación del lago Nahuel Huapi”.

En tanto, en otro ítem, acusan la “sospecha de falta de imparcialidad e independencia del doctor Apcarian, dado que se desempeñó como abogado particular del exgobernador Alberto Weretilneck en innumerables causas judiciales y fue abogado de la Municipalidad de Cipolletti, cuando aquel fue intendente de esa ciudad”.

En tanto, mencionan la “sospecha de falta de imparcialidad e independencia del doctor Sergio Barotto, al igual que otros de los jueces, al haber emitido opinión en la causa, previamente en la sentencia de fecha 6 de septiembre de 2016 y haber participado en el Consejo de la Magistratura en denuncia contra jueces presentadas por el abogado de Lewis”.

De esta manera, se solicitó el apartamiento de dichos magistrados en esta “causa de alto interés público” y señalaron que, de lo contrario, “existirá sospecha de la ciudadanía de la influencia del poder político sobre la Justicia, lo cual atenta claramente contra el Estado de derecho a 40 años de recuperada la Democracia en Argentina”.