Luego de varias idas y vueltas, los representantes de la Cámara Baja asumieron sus lugares dentro del órgano que administra el Poder Judicial. El oficialismo juró con críticas a la Corte Suprema
22/12/2022 - 01:00hs
Ayer por la mañana juraron los cuatro diputados elegidos para integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación. Se trata de Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, por el Frente de Todos; Álvaro González, por el PRO; y Roxana Reyes, por la Unión Cívica Radica.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia y también titular del Consejo, Horacio Rosatti, fue quien encabezó el acto en el Salón Bermejo de la Corte. También estuvieron presentes los demás miembros del Máximo Tribunal Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Sin embargo, el oficialismo no tardó en hacer las críticas pertinentes. Los diputados del Frente de Todos enviaron una nota a Rosatti en la cual fijaban sus postura y formulando “reserva” porque consideran que la Acordada 34/22 de la Corte que ordenó la jura “vulnera atribuciones privativas de la Cámara de Diputados y desoye lo resuelto por un juez en una causa de su competencia”.
Siley, mediante su cuenta oficial de Twitter expresó que “la Constitución consagra la división de poderes y le otorga atribuciones exclusivas al Poder Legislativo, que han sido avasalladas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
“Este conflicto, de enorme gravedad institucional, debe resolverse bajo los mismos parámetros para ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación”, agregó.
A través de un comunicado oficial, la Corte recordó que el pasado 15 de diciembre dispuso que los legisladores tomaran juramento en el Consejo de la Magistratura. También mencionó que el 30 de noviembre se remitió a Rosatti una copia de la resolución de la Presidencia de la Cámara Baja que dejaba sin efecto la resolución anterior, tras conocerse un fallo del juez de primera instancia Diego Martín Cormick que había anulado la designación de Reyes como consejera dispuesta en abril de 2022 y ahora postulada para la reelección en la Magistratura.
“Ante todo (...) este Tribunal tiene el deber constitucional de adoptar las medidas apropiadas para evitar la eventual paralización del Consejo de la Magistratura y, en ese sentido, debe propender a la integración y funcionamiento del órgano de conformidad con la Constitución Nacional en el menor tiempo posible y garantizando la seguridad jurídica”, sostuvo el Tribunal dirigido por Rosatti.
Y aseveró que el órgano que administra el Poder Judicial tiene “el deber constitucional y legal de designar a sus respectivos representantes”. “La demora o el incumplimiento de ese deber no pueden retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento de dicho órgano constitucional”, expresó.