“La anulación de las leyes de impunidad fue fundamental”

En la jornada de ayer, al cumplirse 20 años de la nulidad de las leyes de impunidad por parte del Congreso de la Nación, el titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, habló al respecto del hito que marcó un antes y un después en la historia argentina.

Se trata de la medida que fue más que importante para todos aquellos movimientos que luchan por la verdad y la justicia de las víctimas de la etapa más oscura del país.

Al respecto, desde el organismo mencionado destacaron el papel “fundamental” que tuvo la anulación en la historia reciente del país, y consideraron que se trató de algo que permitió que hoy haya “más de 1.100 genocidas condenados”.

Según destacó Pietragalla, la decisión de anular las leyes de Punto Final y Obediencia Debida “mostró la voluntad del gobierno que recién comenzaba y de gran parte de la dirigencia política de terminar con casi dos décadas en las que los genocidas caminaban libres por la calle y sin condena”.

“Hacía apenas tres meses que Néstor Kirchner había asumido la presidencia y tuvo la valentía de acompañar desde el Poder Ejecutivo el proyecto de la diputada de Izquierda Unida Patricia Walsh para declarar insanablemente nulas las leyes 23.492 y 23.521, algo que era reclamado desde hacía varios años por los organismos de derechos humanos, los familiares y los sobrevivientes”, recordó Pietragalla.

Al mismo tiempo, según analizó el funcionario, la anulación de las leyes “fue una medida que marcó un antes y un después”, porque permitió “iniciar el camino hacia una democracia con la memoria, la verdad y la justicia como uno de sus pilares”.

El 21 de agosto de 2003 el Senado de la Nación convirtió en ley la nulidad de las llamadas “leyes de impunidad”, que habían sido ­puestas en vigencia a mediados de los años 80 durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

Vale recordar que dichas normas, aprobadas en su momento por el Congreso, impedían el juzgamiento a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, entre 1976 y 1983.