La Defensoría del Pueblo exige explicaciones por el megashopping

El organismo encabezado por Guido Lorenzino requirió información al Concejo Deliberante platense sobre el rol adoptado frente a la construcción del cuestionado centro comercial, y solicitó que se notifique si existe un convenio firmado con la empresa Asset Land SA

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires realizó ayer un pedido de informes al Concejo Deliberante local por el polémico megashopping que estaría previsto que se instale en la intersección de Camino Centenario y 112.

Mediante el comunicado, referido al Concejo, el organismo conducido por Guido Lorenzino solicitó que se informe si el cuerpo legislativo está en conocimiento de la instalación del mencionado centro comercial y, en ese caso, cuáles fueron las actuaciones llevadas adelante. También se solicitó que se aclare si se suscribió desde el Municipio un convenio con la empresa Asset Land SA y cuáles fueron los términos en los que se arribó al mismo.

Desde la Secretaría Jurídica y Técnica de la Defensoría advirtieron además que, de acuerdo a lo que establecen sus funciones, se inició un investigación de oficio luego de que trascendiera la noticia de la posible construcción del shopping. Asimismo, se detalló que dicho expediente fue iniciado “atento al impacto socioambiental que la puesta en funcionamiento del centro comercial podría implicar”.

Como se informó desde estas páginas, el megaemprendimiento que se proyecta realizar no cumpliría con los mínimos requisitos en lo que se refiere a las condiciones socioambientales y cuenta con una fuerte resistencia de gran parte de los comerciantes minoristas de nuestra ciudad, que lo ven como una afrenta a sus esfuerzos de trabajo de muchos años.

Estas cuestiones serían dejadas a un costado frente al lobby  que se estaría ejerciendo por parte de distintas empresas, ligadas directa o indirectamente con funcionarios de la mesa chica del Presidente Mauricio Macri, como el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el secretario de Comercio y socio comercial de Peña, Miguel Braun; el vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui; y el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana.

El polémico emplazamiento incluye también el hecho de que el lugar elegido corresponde a las antiguas estructuras de una fábrica de ladrillos inaugurada a principios del siglo pasado, cuyas instalaciones fueron declaradas Patrimonio de Interés Municipal y Arquitectónico de La Plata. Lindante a ese terreno se encuentra el hipermercado Walmart, que también sería parte del negocio.

Ganancias para pocos

Según un expediente que se tramita en el Concejo Deliberante, la intención de este grupo de inversores es concretar un convenio, mediante el cual los interesados en el megaemprendimiento destinarían a las arcas locales un dinero que apenas alcanzaría para hacerle un “maquillaje edilicio” a la Terminal de Ómnibus de la ciudad.

Las fuentes consultadas por este medio aseguraron que los inversores que buscan habilitar el megashopping  platense tienen acuerdos con la cadena de supermercados La Anónima, que implicarían la instalación de grandes centros comerciales en predios ocupados por sucursales de esa firma.

La Anónima pertenece al grupo familiar que integran tanto el jefe de Gabinete, Marcos Peña, como su primo, Miguel Braun, actual secretario de Comercio de la Nación. A su vez, el secretario de Comercio tuvo, previamente a su actividad pública, negocios en común con Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, laderos del Presidente de la Nación.

Como parte del mismo negociado se encontraría detrás el Grupo Plani, que actualmente maneja unos veinte shoppings en distintas partes del mundo, y en la Argentina se encuentra asociado con la firma Southern Cross Group del empresario de origen japonés Norberto Morita, estrechamente vinculado con el macrismo.

Un proyecto que despierta múltiples voces críticas

La controvertida situación de la instalación del megashopping generó posiciones en contra desde distintos ámbitos sociales y políticos de la región. El propio intendente Julio Garro señaló que en la actualidad el proyecto es “inviable” y señaló la necesidad de “tener como prioridad al comerciante de nuestra ciudad”.

Como fue reflejado por este diario, encargados y propietarios de comercios de las calles 8 y 12, así como de City Bell, se mostraron preocupados por el arribo de un emprendimiento de estas dimensiones, en un contexto agravado por la caída en las ventas.

En tanto, el titular de la Unión Industrial del Gran La Plata, Hugo Timossi, también manifestó que “la instalación del shopping podría llegar a perjudicar en cierta medida al trabajo local” y sostuvo que “se sentirá un sacudón en el empleo”.

Por otra parte, Eduardo Karakachoff, representante de la ONG Defendamos La Plata, remarcó que “se va a poner este shopping en un lugar que habría que preservar” y afirmó que “la contraprestación que ofrece la empresa es una burla”.

Dirigentes políticos de la ciudad con los que pudo dialogar diario Hoy también han puesto reparos sobre este desarrollo comercial. El presidente de la Comisión de Planeamiento del Deliberativo local, Oscar Vaudagna, reclamó “ver los expedientes que le dan origen”, al proyecto para conocer “cuál es la compensación urbanística que va a hacer la empresa”.

También expresó preocupación el concejal Gastón Castagneto (FpV - Nac. y Pop.), quien consideró que “no es algo que beneficie a la ciudad”.

De la misma manera, el edil Fabián Lugli (FpV - PJ) indicó que es necesario “estar muy atentos a estas iniciativas, tratando de evitar que haya condiciones inequitativas para los comerciantes locales”.