La feria judicial pone en stand-by la causa por espionaje ilegal

La definición sobre el destino final de la investigación por el espionaje ilegal desde la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) durante el macrismo quedó demorada por lo menos hasta febrero, tras un fin de año en el que la defensa del acusado extitular del organismo, Gustavo Arribas, buscó acelerar una respuesta por parte de la Cámara Federal de Casación.

En el intento por lograr el pase de la causa central por asociación ilícita y espionaje ilegal -que tramita el juez de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé- a los tribunales de Comodoro Py 2002, los abogados de Arribas presentaron una batería de recursos ante el máximo tribunal federal del país, intentando adelantarse al inicio de la feria judicial de enero.
Los jueces resolvieron enviar los incidentes que tenían de la causa a sus colegas de la Sala IV de ese tribunal, porque entendieron que allí ya se habían tomado decisiones en otro planteo conexo hecho por el exsecretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto.

Sin embargo, los camaristas no accedieron a un pedido de Arribas para habilitar la feria judicial de enero y seguir con el trámite que busca que la investigación pase de Lomas de Zamora al fuero federal porteño, por lo que quedó para febrero la potestad de la Sala IV de Casación de aceptar o no esta inhibitoria y, en caso positivo, resolver finalmente si la causa por espionaje ilegal que tramita en el juzgado federal de Lomas de Zamora se queda allí o pasa al de María Eugenia Capuchetti, en Comodoro Py.

Esto último pretende Arribas, imputado e indagado junto a su exsegunda en la AFI, Silvia Majdalani, y a exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia procesados por investigar ilegalmente a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, querellante en el caso, y al Instituto Patria.

Además, el juez Augé los indagó y debe resolver sus situaciones procesales en la parte que investiga el espionaje a dirigentes políticos, funcionarios, referentes sociales, empresarios y periodistas, entre otras víctimas.

Tanto Arribas como Majdalani se negaron siempre a responder preguntas en sus indagatorias, por considerar que Augé no es el juez natural del caso y que este debe tramitar en Comodoro Py porque las sedes de los organismos investigados se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires.

Además, el tribunal de apelaciones intermedio de Comodoro Py, la Cámara Federal porteña, accedió a un planteo de Arribas y ordenó al juez Ariel Lijo pedir a su colega de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que le envíe la causa en la que investiga el funcionamiento de bases de la AFI en la provincia de Buenos Aires, en la que también están acusados Arribas y Majdalani.