La AFI espió a más de 45 gremios, partidos y organizaciones en la Provincia

Cientos de bonaerenses, la mayoría de ellos pertenecientes a organizaciones sociales y de Derechos Humanos, gremios y partidos políticos, fueron víctimas de la estructura de espionaje montada desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) entre los años 2016 y 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri.

Así lo dijo a diario Hoy Federico Schmeigel, director del Programa de Control de Corrupción y Casos de Inteligencia Ilegal de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que en los últimos días advirtió sobre una maniobra judicial para garantizar la “impunidad” de los acusados en la causa que investiga dichos casos de espionaje ilegal.

“Hay cientos y cientos de víctimas”, dijo Schmeigel. Según un relevamiento de la CPM, la inteligencia interna de la AFI se volcó sobre 45 organizaciones políticas, sociales y de Derechos Humanos. Se labraron 50 informes de inteligencia sobre sindicatos, 18 sobre partidos políticos y frentes electorales y 45 sobre 13 gremios docentes en la Provincia. “En La Plata se ensañaron especialmente con los gremios docentes”, explicó el titular del programa.

Entre los métodos que se utilizaron para espiar figuran, según los casos, infiltraciones, recopilación de datos de redes sociales y de bases estatales como la del registro automotor, interceptación de e-mails y, en el caso de unidades penales, escuchas telefónicas. “Somos una organización de Derechos Humanos y consideramos que aquí se han violado los Derechos Humanos de estas personas”, dijo Schmeigel.

Según surge de la causa que se tramita en Lomas de Zamora, la AFI había montado una estructura de alrededor de cien personas para realizar inteligencia ilegal, espiando a dirigentes sociales, gremialistas, políticos en aquel momento opositores y hasta oficialistas, ya que incluso la gobernadora María Eugenia Vidal, el jefe del gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y su segundo al mando, Diego Santilli, fueron víctimas de este espionaje interno.

Estos espías actuaban desde las “bases AMBA”, así llamadas porque fueron montadas en distritos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en adición a las históricas que ya existían en ciudades grandes de la Provincia: Mar del Plata, Bahía Blanca y La Plata. Las nuevas bases operaban en San Martín, La Ma­tanza, Pilar, Ezeiza y Quilmes.

“Casi todas ellas estaban dirigidas por excomisarios de la Policía bonaerense. Y entre sus objetivos había asociaciones de familiares de víctimas de gatillo fácil. Es decir que los excomisarios vigilaban a quienes los habían denunciado a ellos”, señaló Schmeigel.

De hecho, toda la investigación de las “bases AMBA” surgió a partir de la detención del excomisario Ricardo Bogoliuk, que estaba a cargo de una de ellas. Bogoliuk estaba imputado en otra investigación a cargo del juez federal Alejo Ramos Padilla, de Dolores, por una declaración de Marcelo D’Alessio, acusado de operaciones de espionaje y extorsión en presunta combinación con el fiscal Carlos Stornelli.

Hace un mes, la Cámara Federal de Casación Penal aprobó el traslado de la causa de Lomas de Zamora, que es solo una entre varias en las que se investigan los casos de inteligencia ilegal, a los tribunales federales de la Capital Federal, sobre la calle Comodoro Py. De esa manera hizo lugar al pedido de Darío Nieto, quien fuera secretario privado del expresidente Mauricio Macri. Hace pocos días la CPM presentó un pedido de nulidad y emitió un duro comunicado titulado “La Cámara de Casación federal protege el espionaje ilegal”, en el que considera que esta decisión responde a una maniobra para que los acusados queden impunes.

“La estrategia fue y sigue siendo lograr que todas estas causas confluyan en los tribunales de Comodoro Py donde se espera un tratamiento que garantice la impunidad”, reza el texto de la Comisión. Y califica al proceso como consistente “más en una acción política que judicial”.

Ocurre que en el expediente que lleva adelante el juez Juan Pablo Augé en Lomas de Zamora “la investigación está extremadamente avanzada, con más de treinta imputados, entre ellos la cúpula de la AFI y del Servicio Penitenciario Federal”, explicó Schmeigel, “en tanto que las causas que investigan estos temas en Comodoro Py generalmente terminan en la nada”. Por eso, dijo a diario Hoy “nos alertamos ante una maniobra judicial de los imputados que ahora la Cámara de Casación está convalidando”.

El lunes pasado, unas 70 personas, la mayoría víctimas del espionaje ilegal o querellantes en las causas que se tramitan en los tribunales federales de Lomas de Zamora, Dolores, La Plata y Comodoro Py, y el resto, miembros de la CPM, que convocó a la reunión y que también es querellante en el expediente lomense, realizaron un encuentro virtual. Allí discutieron cuestiones relativas a la inteligencia ilegal y a las alternativas de las causas judiciales. Roberto Cipriano García, secretario de la CPM, dijo allí que es necesario reflexionar sobre el espionaje político e ideológico en la Argentina para “visibilizarlo y fundamentalmente dejar de naturalizarlo”.