La gente votó el cambio: los corruptos a la cárcel

Realmente, la designación de la Auditoría General de la Nación (AGN) de una persona absolutamente corrupta como Ricardo Echegaray representa un claro retroceso para las instituciones del país y hace que, una vez más, se termine consagrando la impunidad. No se trata de un personaje  menor: estamos hablando de quien fue garante del espurio enriquecimiento de la familia Kirchner como así también de un sinnúmero de negociados que se tejieron durante la era K.

El acuerdo entre macristas y kirchneristas para el arribo de Echegaray a uno de los organismos que debería velar por la transparencia en la administración pública representa una mancha para Cambiemos que será difícil de borrar y constituye un verdadero cachetazo para los millones de argentinos que fueron a las urnas en las últimas elecciones para terminar con el kirchnerismo y todo lo que representa.

Pareciera que algunos personajes del actual gobierno tienen la ilusión de que allanándole el camino a Echegaray, lograrán destrabar el presupuesto bonaerense y alguna que otra iniciativa parlamentaria que es bloqueada con el kirchnerismo, creyendo ingenuamente que con eso se garantizarán cierta gobernabilidad. A ello se le sumaría el temor que podrían tener algunos funcionarios que acompañan a Macri por las carpetas de las que tanto se sirvió Echegaray cuando estuvo al frente de la AFIP y que contiene información muy sensible del llamado secreto fiscal. Sabido es que el titular del organismo recaudador perfeccionó, al extremo, el arte de la extorsión, incluso hacia el interior del propio kirchnerismo ya que también conocería detalles de la relación entre Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y el empresario  Lázaro Báez.

Asimismo, en los últimos dos años, en las páginas del diario Hoy, expusimos detalladamente cada uno de los negociados de Echegaray, que van desde su participación activa en el escándalo de la ex Ciccone, que llevaron a que un fiscal esté reclamando su llamado a indagatoria y el correspondiente procesamiento por haberle facilitado un escandaloso plan de pagos a los testaferros de Amado Boudou, pasando por la conformación en la AFIP de una estructura para apretar y extorsionar a críticos y opositores. Eso no fue todo: también mostramos –y hasta presentamos las pruebas a la Justicia penal de La Plata- sobre como los principales colaboradores de Echegaray se habrían enriquecido ilícitamente, conformando empresas fantasmas y manteniendo conexiones empresarias muy comprometedoras, como es el caso Guillermo Michel (ex titular de la Aduana), a quien le detectamos vínculos con abogadas y escribanas que conformaron sociedades comerciales que fueron utilizadas para lavar recursos millonarios provenientes de narcotráfico.

El propio ex titular de la AFIP también debería dar explicaciones por el crecimiento exponencial del narcotráfico en nuestro país ya que entre los años 2004 y 2008 se desempeñó como titular de la Aduana y durante su gestión se registró la importación masiva de efedrina, el insumo básico utilizado para la elaboración de metanfetaminas, siendo un negocio multimillonario que provocó el triple crimen de General Rodríguez. En ese sentido, según quedó establecido en la causa judicial que terminó con la condena de los hermanos Martín y Christian Lanatta y Víctor Schillaci, Echegaray no investigó los sucesivos reportes realizados por la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), que advertían sobre la salida de la Argentina de grandes cantidades de droga que eran usadas por los carteles mexicanos.

Ceder a la extorsión de los K y transar con la mafia significa tener un país donde nada cambie. Significa seguir teniendo fuerzas de seguridad penetradas por el narcotráfico. Significa tener guardiacárceles que se venden y dejan salir peligrosos presos. Significa tener una obra social como el IOMA que viene siendo saqueada por corruptos, poniendo en riesgo la salud de más de 2 millones de afiliados.

La realidad es que, si realmente se pretende hacer un cambio, no se puede arreglar nada con los responsables de habernos llevado a la debacle absoluta. A ellos lo único que les cabe es estar en la cárcel o en el banquillo de los acusados. Por eso, de seguir por este camino, el gobierno de Macri terminará sufriendo un efecto boomerang, ya que los kirchneristas y los sectores más corrompidos del PJ no tardarán en aprovecharse de la debilidad del gobierno y, más temprano que tarde, buscarán desestabilizarlo, en la ilusión de que pueden volver al poder.   

Tener a Echegaray en la AGN es la garantía que tendrá Cristina y sus secuaces de que sus últimos años de gestión, en cada una de las dependencias gubernamentales, no serán auditados en lo más mínimo. Esperemos que el gobierno reaccione y empiece a escuchar a la ciudadanía que lo votó. De lo contrario, su estadía en el poder se le hará cada vez más cuesta arriba.

“Hubiese sido más ecuánime poner al Gordo Valor o Barreda”

La diputada nacional y líder de la Coalición Cívica, Elisa carrió, salió anoche con los tapones de punta por la designación de Ricardo Echegaray al frente de la Auditoria General de la Nación.  “Hubiera sido más ecuánime y menos arbitrario haberlo designado al Gordo Valor o a Barreda, antes que a Echegaray”, dijo Lilita,quien había impugnado la postulación de Echegaray para ocupar la AGN debido a los múltiples procesos penales que lo involucran.

Carrió agregó: “Con Mauricio Macri tengo una excelente relación, pero todo Cambiemos sabía y sabe que nunca voy a ser cómplice”.

La semana pasada Lilita fundamentó su pedido en dos causas: por un lado, una denuncia que presentó el diputado Fernando Sánchez en Uruguay por la compra de inmuebles en Montevideo, que se habrían pagado en efectivo con dinero que podría pertenecer a Echegaray; por el otro, la situación procesal de Echegaray en la causa Ciccone, en la que el Fiscal pidió su indagatoria.

La diputada, que días atrás había frenado la jura de Echegaray, invocó en su presentación ante el juez Ariel Lijo el artículo 126 de la ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, que aclara que “no podrán ser designados auditores generales, personas que se encuentren inhibidas, en estado de quiebra o concursados civilmente, con procesos judiciales pendientes o que hayan sido condenados en sede penal”.