La industria opera a nivel de pandemia
El uso de capacidad industrial cayó a 53,8%.
El expediente suma pruebas clave y expone vínculos entre la Agencia Nacional de Discapacidad y la firma Suizo Argentina.
13/02/2026 - 00:00hs
La causa que investiga presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) atraviesa una etapa decisiva. El análisis de un servidor incautado en la Droguería Suizo Argentina, propiedad de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, abre la posibilidad de reconstruir comunicaciones y movimientos financieros que podrían confirmar la influencia de la empresa en decisiones internas del organismo.
El fiscal federal Franco Picardi sostiene que ese material puede resultar determinante para establecer el rol de la firma dentro de un entramado que ya derivó en el procesamiento de 19 personas por administración fraudulenta, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. El juez Sebastián Casanello había señalado que funcionarios y empresarios conformaron un esquema destinado a direccionar contrataciones y obtener beneficios indebidos.
Cabe recordar que la Cámara de Casación rechazó el pedido de nulidad presentado por los Kovalivker, lo que mantiene a la droguería bajo investigación. Según la fiscalía, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 la Andis funcionó como una ventanilla de pagos millonarios sin garantías de transparencia. Con esta nueva etapa probatoria, el proceso se proyecta hacia definiciones que podrían marcar un rumbo en la investigación sobre corrupción y administración pública en el área de discapacidad.
Movimientos bajo sospecha
Durante los allanamientos en la droguería, el comportamiento de los empresarios quedó bajo la lupa. Jonathan Kovalivker demoró cuatro días en presentarse ante la Justicia y entregó un celular reseteado. En paralelo, en el vehículo de su hermano Emmanuel se hallaron 266.000 dólares en sobres y siete millones de pesos en efectivo.
Los investigadores creen que el servidor permitirá rastrear directivas internas y vínculos con exfuncionarios procesados como Pablo Atchabahian y Matías Garbellini, quienes habrían facilitado decisiones administrativas favorables a la empresa.
Procesamiento confirmado
Por otra parte, la Cámara Federal de San Martín ratificó el procesamiento de Ariel de Vicentis, jefe de seguridad de Nordelta, acusado de obstaculizar el allanamiento en la casa de Jonathan Kovalivker. Según la investigación, impartió órdenes para que el personal no brindara información y realizó llamados insistentes durante el procedimiento.
El episodio derivó en la huida del empresario,, y en una denuncia al 911 sobre supuestos falsos policías. Para los camaristas Alberto Lugones y Néstor Barral, las pruebas reunidas respaldan la decisión judicial y confirman maniobras orientadas a entorpecer la labor de las fuerzas de seguridad.
La causa principal avanza en el Juzgado Federal 11 de Comodoro Py, bajo la conducción de Ariel Lijo y con Franco Picardi en la fiscalía. Con nuevas pruebas y resoluciones, el expediente se perfila como uno de los más significativos en la investigación sobre los vínculos entre el Estado y proveedores de salud, un entramado que promete seguir revelando tensiones y responsabilidades en los próximos meses.