La Justicia electoral dio de baja 217 precandidaturas en Buenos Aires

Tras un minucioso trabajo entre las casi 40.000 precandidaturas que se ha­bían presentado originalmente para participar de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia de Buenos Aires, 217 personas retiraron sus precandidaturas ante las observaciones realizadas por la Junta Electoral provincial.

El Juzgado Federal n° 1 de La Plata con competencia electoral, a cargo de Alejo Ramos Padilla, había intimado a 15 agrupaciones a regularizar sus listas, informaron fuentes judiciales a comienzos de esta semana, cuando solo faltan 19 días para la realización de la primera instancia electoral. Por esa razón, el juez les otorgó un plazo de 12 horas para que presentaran la readecuación de las nóminas de acuerdo a la normativa vigente.

Las agrupaciones intimadas a readecuar sus listas son el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad, la alianza Hacemos por Nuestro País, el Frente Patriota Federal, el partido Confianza Pública, Todos por Buenos Aires, Buenos Aires Primero, el partido Proyecto Joven, Construyendo Porvenir y Justicia y Dignidad Patriótica, el Partido Unidad Social, el Movimiento de Avanzada Socialista, Política Obrera, el Movimiento de Organización De­mocrática, el partido Vocación Social, y Política Abierta para la Integridad Social.

A fines de la semana pasada, el equipo de Ramos Padilla detectó que varias agrupaciones tenían en sus listas personas que figuraban como precandidatos simultáneamente en categorías

de orden nacional, provincial y ­municipal, que algunas aparecían como precandidatos en distintas listas internas del mismo partido y, en otras ocasiones, en agrupaciones diferentes.

Al analizar sus candidaturas, el juzgado expuso que tanto el artículo 22 de la ley nacional 26.571 como el artículo 3 de la ley provincial 14.086 establecen que quienes se presenten como precandidatos para las PASO únicamente pueden hacerlo para una sola agrupación, un solo cargo y una sola categoría.

El magistrado requirió la ­colaboración de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que ya comenzó a recopilar la información sobre el circuito de impresión de las boletas, desde la importación del papel hasta su entrega, para verificar la trazabilidad y transparencia en el uso de los fondos públicos y las contrataciones de las imprentas, ­explicaron.