La Justicia liberó a “El Rey de La Salada” y expuso al polémico juez Armella
La Cámara Federal de La Plata revocó el fallo del magistrado, el mismo que participó de la “Gestapo antisindical” en tiempos de María Eugenia Vidal.
La Justicia federal ordenó liberar al Jorge Castillo, conocido como “El Rey de La Salada” por liderar el centro de compra de ropa irregular más grande de Argentina. De esta manera, revirtió la decisión del polémico juez Luis Armella, con antecedentes en armar causas judiciales con intencionalidades políticas.
La Sala III de la Cámara Federal de La Plata dictó la falta de mérito para todos los imputados y ordenó la libertad de los detenidos. De esta manera, Castillo, con prisión domiciliaria preventiva desde noviembre pasado, recuperó la libertad.
Los jueces Carlos Vallefin y Roberto Lemos Airas afirmaron que “no hay un análisis fundado acerca de la existencia de alguna maniobra que permita demostrar, al menos en este estado embrionario del proceso, un supuesto de lavado de activos siquiera indiciariamente”.
En este sentido, calificaron las afirmaciones de Armella, el juez que procesó a Castillo y otra decena de personas, como “genéricas y vagas en torno a ambas conductas delictivas”. En consecuencia, los magistrados determinaron que “no resultan suficientes, ni siquiera con el grado de convicción exigido para esta etapa del proceso”.
En consecuencia, no solo Armella sufre un revés judicial, sino figuras políticas que celebraron la detención de Castillo. Una de ellas es Patricia Bullrich. Cuando ocurrió la detención, la entonces ministra de Seguridad aseguró que las fuerzas federales realizaron una investigación en paralelo y “constituyeron una prueba muy contundente” para el fiscal. También habló de asociaciones ilícitas conducidas por la familia del Rey de La Salada, figuras que fueron descartas por la Justicia federal.
Un juez con antecedentes
Armella fue uno de los protagonistas de la “Gestapo antisindical”, una asociación ilícita que funcionó en el gobierno de María Eugenia Vidal conformada por funcionarios políticos y judiciales para meter presos a líderes sindicales.
En ese marco, el principal protagonista, Marcelo Villegas, exministro de Trabajo bonaerense, había dicho en una reunión secreta que “si podía armar una Gestapo contra los sindicalistas, lo haría”. Este mismo funcionario fue quien tuvo una comunicación recurrente con Armella, el juez encargado de llevar adelante la causa contra el líder de la UOCRA, Juan Pablo “Pata” Medina. En su momento, se detectaron al menos cinco visitas de Villegas al despacho de Armella, además de numerosas llamadas telefónicas.
