“La Justicia tiene que entender que necesita del control del pueblo”

Natalia Salvo cobró notoriedad con su participación como querellante en la causa abierta por la extorsión atribuida al falso abogado Marcelo D’Alessio contra su cliente, el empresario Pedro Etchebehest. Es la causa que destapó la olla del lawfare en la Argentina. Hoy combina su ejercicio del Derecho con su participación en Caníbales, el programa televisivo de análisis político.

En diálogo exclusivo con diario Hoy, la letrada habló de la Gestapo antisindical montada durante el gobierno de María Eugenia Vidal, y abogó por una reforma de la Justicia que la acerque al pueblo y la someta a un necesario control.

—¿La sorprenden las revelaciones de la mesa judicial bonaerense?

—La verdad es que lo que se ve es un mecanismo muy similar al que yo observé como abogada en la causa D’Alessio. Habría una “pata civil”, que serían los empresarios que se avinieron a esa reunión y que luego, en sus presentaciones al Ministerio de Trabajo bonaerense, mencionaban esas mismas palabras (extorsión, intimidación, coacción) que habían recibido en esa mesa de los políticos y los representantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) también. Con lo cual vemos también la “pata política” y también el aseguramiento de cierto sector del Poder Judicial que asegura el tratamiento de estas causas.

—Porque la participación de la Justicia es una pata necesaria ahí, ¿no? Decía Villegas en el video que ya el procurador estaba al tanto de esta operatoria.

—Así es. Pero ya había previamente a esta causa, desde hace unos años, varias denuncias contra fiscales de Lomas de Zamora y Quilmes, que en términos legales responden al procurador, iniciando causas sospechosas incluso en términos de derechos constitucionales laborales, porque uno de los litigios habla de “extorsión” en referencia a un convenio colectivo de trabajo. Entonces ahí vemos la “pata judicial”, la “pata política” y la “pata mediática” también, porque tengo entendido que en esa mesa había un familiar de un periodista de La Nación. Así que ahí tenemos todas las patas aseguradas.

—Vidal intentó llevar la causa a Comodoro Py. ¿Usted cree que esto es también una maniobra parecida a la de Macri, porque ahí se siente más cómoda?

—Las maniobras que articulan para llevar las causas a los tribunales federales de Comodoro Py, si vienen de este espacio político, no te voy a decir que hay una presunción, pero sí actúan en tándem, en el sentido de que no haya otro juez que investigue estas causas que los involucran. Lo cierto es que el Banco Provincia, más allá de que tenga su sede en la Capital Federal, es de la provincia de Buenos Aires. Así que la jurisdicción es incontrastable. Pero sí, los registros históricos indican que este espacio político se siente más afín a ese territorio.

—Usted participó de la marcha con varios reclamos que tienen que ver con la necesidad de cambiar o de­purar la Justicia. ¿Cree que este reclamo popular puede influir en un cambio en la Justicia o que la de­puración tiene que venir desde otro nivel?

—Yo hablaría de democratización de la Justicia, porque de esta depende la participación popular. Y los poderes constituidos del Estado tienen su causa de legitimación y su finalidad, es decir están para el pueblo. Si tenemos un Poder Judicial cuyos miembros los elige un Consejo que tiene representación popular indirecta, pero que básicamente no admite ningún tipo de control, de fiscalización, de auditoría, muchos de sus integrantes no pagan los tributos que paga el total de la población, no dan acceso a la información pública; es totalmente necesaria la participación popular. Es una de las dimensiones muy importantes de la reforma judicial. No hay que tener miedo a hablar de reforma. Las constituciones se van reformando en base a la evolución de las sociedades, por supuesto, siempre respetando principios de derechos humanos básicos y fundamentales. Pero cuando hablamos de un Poder Judicial que no admite ningún tipo de cuestionamiento o injerencia del pueblo para su control, estamos en un grave problema.

—Como periodistas, yo y muchos colegas hemos tenido siempre la impresión de que a la gente no le interesan tanto los temas judiciales o le resultan lejanos, que a veces no se entienden mucho y por eso no hay demasiado interés. ¿Usted cree que esta marcha es una señal de que esto puede estar cambiando?

—Yo creo que es una señal pero lo que vos decís es cierto: no son temas de interés o se ven lejanos por varios motivos. Primero, porque el poder aristocrático o corporativo del Poder Judicial se encarga de tener un lenguaje encriptado y hermético, porque el desconocimiento es poder para el que tiene la información. Después, porque a veces se le atribuye a la Justicia una cuestión de segundo orden, teniendo en cuenta la economía y la situación que estamos atravesando. Y lo cierto es que los jueces son los que dicen si uno tiene o no tiene derechos, entre los que están los derechos económicos, sociales y culturales. Como el acceso a Internet como servicio público esencial o derecho humano, o como la dolarización de tarifas. Ahí parece ser que es un momento en que la Justicia llega al pueblo. El tema es que tiene que entender que es un poder del Estado que necesita el control, del mismo que los otros dos, y que es absolutamente necesario para que los derechos no sean letra muerta.

—¿Usted es optimista respecto de que este año pueda haber una re­forma en la Justicia?

—Si el cambio depende del acompañamiento entre la movilización popular y las acciones legislativas que ya están para ser tratadas en el Congreso, creo que sí.