La victimización de los empresarios

Antes de la ronda de declaraciones de los exfuncionarios presentes en la reunión del 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, fueron los empresarios los que tuvieron que rendir cuentas ante la Justicia.

El primero que pasó por los Tribunales Federales de La Plata fue el vicepresidente de la Unión Industrial del Gran La Plata (Uiglp), Marcelo Jaworski. El empresario presentó un escrito y se negó a responder preguntas.

“A partir de la reciente difusión pública, a través de distintos medios de comunicación, de una filmación de esa reunión, tomé conocimiento de que esas personas serían de la Agencia Federal de Inteligencia y no del Ministerio de Trabajo, lo que me causó muchísimo malestar e indignación porque me sentí engañado”, indicó.

“En primer lugar, por la presencia de gente que no tenía por qué estar allí, y porque nadie me dijo quiénes eran en realidad. Y, por otro lado, porque aunque no tengo nada que ocultar, la reunión había sido grabada sin mi consentimiento, y sin que alguien me advirtiese de dicha circunstancia”, explicó. En su descargo señaló entonces: “Jamás participé de estrategia alguna elaborada por miembros de los gobiernos nacional, provincial y municipal (ni por alguien más), tendiente a impulsar denuncias e involucrar así en investigaciones penales a dirigentes de la Uocra seccional La Plata y allegados”.

El empresario de la construcción Ricardo José Alconada Magliano también estuvo en sede judicial y, al igual que su antecesor, entregó un escrito en el que negó los cargos en su contra. También se negó a responder preguntas. En el escrito, el presidente de la constructora OCSA S.A. remarcó ser una “víctima” de lo ocurrido y explicó que se lo convocó a una “reunión institucional” en la sede del Banco Provincia en 2017, aludiendo que no conocía a todos los asistentes. Además, Alconada dijo ignorar que ese encuentro sería filmado y que se trataron problemáticas que “no le eran ajenas y eran reales”, aunque precisó que se sintió “incómodo”. El empresario abrió la ronda de indagatorias en la causa que investiga lo ocurrido en esa reunión del 15 de junio de 2017.

Quien era presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata, Guillermo Moretto, también fue indagado pero, siguiendo la línea de sus pares de la construcción, presentó un escrito y se negó a responder preguntas en la querella por el supuesto armado de causas judiciales.

El empresario Jorge Oscar del Río, quien era vicepresidente de la Asociación Pymes de la Construcción Provincia de Buenos Aires (Apymeco), entregó un escrito donde afirma que no sabía que el encuentro estaba siendo filmado por la AFI y se consideró una “víctima” de la situación. Del Río dijo que se trató de una reunión de trabajo y confirmó que se habló de los problemas que las empresas constructoras tenían con la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), cuya filial platense era conducida en esos momentos por Juan Pablo Medina, una de las víctimas de esa mesa judicial.

A diferencia de los empresarios que lo precedieron, el titular de la firma Agrineco, Fabián Cusini, sí accedió a someterse a un interrogatorio por parte del juez que lleva adelante el expediente.

En su declaración, Cusini reveló que, durante la reunión en la sede porteña del Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro), en junio de 2017, se hizo circular un “papelito” con palabras que debían figurar en las denuncias judiciales contra gremialistas, específicamente de la Uocra.

El constructor dijo que el entonces ministro de Trabajo bonaerense,

Marcelo Villegas, había instado a los empresarios presentes a realizar una denuncia contra la Uocra en la Justicia, y admitió que él había firmado el texto, aunque dijo no haber participado en su redacción, que habría estado a cargo de sus colegas.

Como empresario de la construcción, Cusini no ocultó su desagrado respecto de las exigencias de la Uocra, pero dijo que concurrió a la reunión en la sede del Bapro con la idea de que allí se intentaría “hallar una herramienta de acuerdo” gracias a la intervención del Ministerio de Trabajo provincial; sin embargo, lo que ocurrió fue que se distribuyó un papelito y Villegas exhortó a los empresarios a formalizar las denuncias, según dijo.

En tanto, el empresario Bernardo Zaslascky se negó a responder preguntas del juez de la causa y eligió presentar un escrito, al igual que otros empresarios citados antes que él.