Lago Escondido: escandalosos chats entre jueces, funcionarios y empresarios macristas

En la jornada de ayer, Tiempo Argentino dio a conocer escandalosos chats y audios entre Pablo Casey, director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, y sobrino de Héctor Magnetto; el CEO de ese grupo empresario, Jorge Rendo; los jueces Pablo Yadarola, Julián Ercolini, Pablo Cayssials y Carlos “Coco” Mahiques; el ministro de Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro; el exjefe de Legales de la SIDE y dueño de una consultora de medios, Tomás Reinke; y el exhombre de la SIDE, Leonardo Bergroth. Estos dejan al descubierto el recurrente accionar de los funcionarios aliados del PRO, al intentar prefabricar y adulterar pruebas, inventar coartadas o fabricar facturas truchas para demostrar que todo fue legal. Incluso, en los chats filtrados (tras el supuesto robo del celular a uno de los funcionarios porteños), prometen cobrarse venganza con quien suponen que fue el responsable de filtrar una “reunión de amigos”: el jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Glinski.

En el grupo de Telegram al que llamaron “Operación de Página 12”, porque fue ese diario el que contó sobre esa relación con apariencia indubitable de promiscuidad, aparece preocupación por las imágenes que puedan haberse registrado en el aeropuerto de Bariloche, a la llegada del contingente que fue a Lago Escondido por invitación de directivos del Grupo Clarín, con destino al latifundio del magnate británico Joe Lewis, amigo personal del expresidente Mauricio Macri.

Por ese viaje, hay una causa iniciada por la denuncia de “violación de deberes de funcionario público, admisión de dádivas y tráfico de influencias” que sigue abierta en la Fiscalía Federal de Bariloche, presentada por dos dirigentes del Frente de Todos de esa localidad.

¿Qué dicen los funcionarios?

Mientras todos discutían cómo hacer figurar que habían pagado cada uno su viaje y alojamiento, el directivo Pablo Casey les transmitió un mensaje: “Muchachos, más allá de todo lo que paguen, quiero decirles que yo me encargo de todo porque es mi responsabilidad”. Yadarola, magistrado, le responde: “Pablo, ni lo digas. Somos un grupo y fuiste más que generoso en la invitación”.

Jorge Rendo, quien recibió a los viajeros en el aeropuerto de Bariloche, se mostró preocupado y, ante la posible difusión de imágenes, dijo: “El tema de las cámaras es que en el aeropuerto de Bariloche estábamos Pablo (supuestamente Yadarola, aunque también podría ser Casey) y yo esperándolos y nos subimos juntos a las camionetas”. Yadarola le responde: “Cierto, Jorge. Ahí podemos estar juntos en imágenes”.

Rendo fue también el garante de que nada apareciera en los medios del Grupo Clarín y quien operó para diluir la trascendencia en el suyo y en otros medios, a punto tal que el 20 de octubre abrió la ronda de chat con una evaluación: “Yo no vi nada hoy. Creo que, si no hay ningún hecho nuevo, el tema está terminado mediáticamente”.

Los jueces Ercolini y especialmente Yadarola son los más activos en la búsqueda de cómo afrontar la situación, dando apariencia de normalidad y legalidad. “Difícil de explicar que todos juntos fuimos a otro lado sin dejar cabos sueltos”, reconoció Ercolini, el mismo que llevaba la causa del ARA San Juan y firmaba todos los permisos de Macri cuando estaba procesado por espionaje ilegal.

Su colega Cayssials directamente propone mentir sobre el lugar en el que estuvieron: “Puedo conseguir una casa a la que fuimos a Bariloche. Es de un amigo que puede decir que nos la prestó”. Y agrega que “podrían ir de verdad y sacarse fotos” y dejar todo “en la nada misma”, responde Ercolini.

Por su parte, el juez Yadarola le apunta directamente al jefe de la PSA. “Eso no lo hacen sin una orden de la conducción política, José Glinski. Para anotarlo porque es el responsable”.

En esa línea, el ministro de Seguridad porteño, D’Alessandro, le anunció al grupo: “Si en algún momento me tocara ser ministro de Nación, lo primero que hago es disolver la PSA”. “Dame el gusto de ir a buscarlo con un patrullero nuestro que lo hago cagar”, le escribe al juez Yadarola.

“Estoy caliente y motivado para hacer la denuncia penal al puto de la PSA. ¡Conténganme porque se me acaba la paciencia!”, dice el juez de la Cámara de Casación, Carlos Mahiques, y Bergroth cumple: “Coco, cuando tengamos cerrado todo, pasamos a la ofensiva. Todavía me parece que hay fuego de todos lados y de toda clase. Nos tenemos que juntar para la estrategia”.

Pero Mahiques está desatado: “Estaría bueno instalar la idea de un espionaje con intervención de un organismo estatal de seguridad (la PSA) en los medios. Y enfatizar el fake de la noticia. Nos cargamos a la PSA (…) Habría que hacerle llegar a la PSA que le vamos a tirar con munición gruesa y que mejor no entregue nada más”.

En los diálogos, el juez Mahiques reconoce tácitamente la existencia de sellos de goma y denunciadores seriales que llevan a Tribunales denuncias por encargo: “Hay que denunciar el espionaje ilegal y la violación de los deberes de funcionario al jefe de la PSA. (…) El tema es si lo hacemos nosotros o una ONG o tercero”. Ercolini se sincericida en la respuesta: “Eso después sí (…) Después vemos el tercero”.