Los vendedores ambulantes tendrán que anotarse en un listado oficial y “mudarse” al predio de 80 y 134. De lo contrario, se expondrán a duras multas y arrestos.
La Municipalidad de La Plata envió a los manteros (vendedores ambulantes) que trabajan en calles y plazas de la ciudad un mensaje perentorio y sin sutilezas: en un plazo de cinco días deberán registrarse y abandonar los lugares no autorizados para la venta o se expondrán a duras multas y arrestos de hasta 30 días, además de ser expulsados de esos sitios.
La Comuna instó “a los vendedores informales a inscribirse en el Registro de Puesteros comunal y a trasladarse a los espacios feriales creados para tal fin”, según se explicó a través de un comunicado. En la actualidad está habilitado el “Paseo de Compras 80”, un predio delimitado por las calles 80, 79, 134 y 136.
Los manteros que no acepten regularizar su situación y trasladarse al predio municipal se exponen a multas de hasta 266.500 pesos y arresto de hasta 30 días.
“Entendemos el momento de crisis económica que atraviesa nuestro país y no somos ajenos a ello, pero la actividad informal representa una competencia desleal para todo comerciante que paga el alquiler de su local, impuestos, sueldos y cargas sociales”, dijo Darío Ganduglia, secretario de Políticas Públicas en Seguridad y Justicia, una dependencia que recientemente absorbió las funciones de la de Convivencia y Control Ciudadano, antes Secretaría de Control Urbano.
El viernes pasado, funcionarios municipales notificaron a unos 200 de los más de 1.000 manteros que, según se estima, desarrollan su actividad en el espacio público platense de que en un plazo de cinco días hábiles deberán inscribirse y relocalizar sus puestos. “Hasta el momento, la recepción ha sido positiva”, afirmó Ganduglia.
Para que los manteros puedan anotarse en el Registro, se requiere que presenten su DNI, constancia de documento o residencia en trámite, tres fotos en color de los productos ofrecidos más representativos y un comprobante de pago de un impuesto o servicio con domicilio real en la ciudad de La Plata.
El ultimátum se produjo en días en que el intendente Julio Garro (Juntos por el Cambio) se propone convertir en realidad su proyecto de Código de Convivencia Ciudadana, que dispone sanciones para las manifestaciones no autorizadas, la tarea de los “trapitos” o cuidacoches y varias contravenciones.
“Es real que hay que ordenar y regular los espacios, pero no se puede hacer en forma expulsiva”, argumentó, en diálogo con diario Hoy, la concejala Virginia Rodríguez, del Frente de Todos. “Hay que promover el diálogo, no puede ser que les confisquen la mercadería, y menos en los tiempos que corren”, agregó.
Rodríguez se refería a la situación de pandemia que la ciudad, el país y el mundo atraviesan desde hace más de un año, a raíz de la propagación del coronavirus SARS-CoV-2 por el planeta. Una circunstancia que golpeó a todos los sectores de la economía, pero especialmente a la economía informal y, dentro de ella, a quienes se ganan la vida a través de la venta callejera.
Cheikh Gueye, representante de los vendedores ambulantes de la comunidad senegalesa, adelantó a este multimedio que sus compatriotas manteros no se van a registrar, ya que “no sabemos lo que nos proponen”.
“Estuvieron en calle 12 intentando notificarnos de algo que desconocemos. A mí me parece que están haciendo mal las cosas, porque si quieren hablar con nosotros, nos pueden convocar a una mesa de diálogo, no venir a la calle con papeles que no dicen nada”, apuntó.
“No nos vamos a registrar. Queremos primero un diálogo donde nos digan a qué feria iríamos, cuánto hay que pagar, cómo vamos a instalarnos. No es la primera vez que vienen con estas cosas: ya lo hicieron cuando (Roberto) Di Grazia era el titular de Control Urbano, y era todo una mentira”, argumentó Gueye. Luego del paso por el área de Virginia Pérez Cattaneo, la Secretaría de Control Urbano se fusionó con la de Seguridad y quedó a cargo de Ganduglia.
En aquel momento, la Municipalidad había ofrecido a los manteros senegaleses la reubicación en el predio de calle 80. Según los vendedores ambulantes, les habían dicho que podrían hacerlo en forma gratuita, pero en realidad debían pagar un canon elevado para sus bolsillos.
Gueye dijo además que “los papeles que dejaron a los compañeros no dicen nada claro, así que nos quedaremos en la calle. Entendemos que no quieren que estemos en la calle, y nosotros no queremos estar tampoco así, pero que nos den una alternativa cierta”, concluyó.