Macri no logró apartar a la jueza de Casación en el caso Vicentin

La solicitud de Macri fue rechazada por la Cámara Federal de Casación Penal. El expresidente pretendía correr a la jueza de la investigación sobre supuestas irregularidades en el otorgamiento de créditos del Banco Nación.

La jueza Ana María Figueroa fue ­asignada por sus pares de la sala I del máximo tribunal penal del país, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, quienes señalaron que la defensa de Macri “no ha logrado demostrar la existencia de elementos objetivos suficientes” que demuestren “la parcialidad invocada”.

El argumento utilizado por el expresidente fue que la magistrada había declarado en calidad de testigo en el marco de la causa que investiga supuestas presiones de la Mesa Judicial de Cambiemos sobre jueces y fiscales.

Los magistrados que rechazaron el planteo entendieron que en el hecho de haber relatado ante la Justicia episodios que le tocó vivir en el marco de sus funciones no hay ningún elemento que permita presumir una supuesta falta de imparcialidad.

La investigación se originó a partir de una denuncia basada en un informe de las actuales autoridades del Banco Nación que dio cuenta del supuesto otorgamiento irregular de créditos a la empresa cerealera por más de 18.000 millones de pesos.

El director de la entidad, Claudio Lozano, advirtió mediante un documento que la deuda acumulada violó normativa de esa entidad en relación a los préstamos a grandes empresas.

En esta causa se investiga una supuesta maniobra delictiva a través de la cual funcionarios del Banco de la Nación Argentina incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria, según surge del expediente judicial.

A estos funcionarios se los acusa de haber otorgado “irregularmente millonarios créditos en moneda extranjera a las ­firmas Vicentin y Algodonera Avellaneda –al menos durante el año 2019–, apartándose de la normativa interna que lo regula, y luego omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos ­tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba”.

La investigación, delegada en el fiscal Gerardo Pollicita, también abarca la presunta participación criminal de los empresarios de esas compañías, quienes del otro lado y en connivencia con los funcionarios, solicitaron los empréstitos irregulares y requirieron la liberación de los fondos afectados en garantía, mientras en simultáneo postergaban el pago de sus obligaciones.