Macri se declaró inocente por el espionaje a familiares del ARA San Juan

El expresidente Mauricio Macri declaró su “absoluta inocencia” en la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas durante su gobierno sobre los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, que fue hundido en 2017.

El expresidente de la coalición Juntos por el Cambio presentó un escrito de diez páginas ante la Justicia Federal de Dolores, designó abogados defensores, apeló la prohibición de salir del país que le impuso el juez Martín Bava y no dijo nada respecto de si se presentará a la indagatoria prevista para el próximo miércoles.

“Pese a encontrarme fuera del país, como era y es de público conocimiento, vengo en tiempo y forma a presentarme en autos, sin que ello signifique reconocer ni consentir en el Sr. juez las garantías que me confieren los artículos 18 de la Constitución Nacional y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo hago convencido de mi absoluta inocencia en los supuestos hechos que se me pretenden atribuir y como derivación de mi respeto y sujeción a las instituciones de la República”, sostuvo Macri en la presentación.

Pablo Lanusse y Jimena Pisoni son los abogados que el exmandatario eligió para que lo representen en esta investigación, en la que fue citado a indagatoria para el pasado 7 de octubre, audiencia que ya fue reprogramada para el 20 de este mes a las 10.

La prohibición de salir del país

En cuanto a la prohibición de salida del país, el expresidente apeló esa decisión y pidió a Bava que le aplique a la misma “efecto suspensivo”, es decir, que no entre en vigencia hasta que sea analizada en instancias de apelación superiores.

La prohibición de salida “carece de todo tipo de fundamentación, y por en­de aniquila y vulnera los derechos, principios y garantías de defensa en juicio, debido proceso, mínima intervención estatal, libre circulación y tránsito, principio de inocencia, proporcionalidad y razonabilidad”, cuestionó.

Macri sostiene que la “prohibición de salida del país resulta entonces huérfana de toda fundamentación relacionada a mi persona y situación, lo cual conculca los derechos, principios y ga­rantías que me amparan y que informan el debido proceso y la defensa en juicio”.

La imputación

Al expresidente se le imputa que, por lo menos en el período comprendido entre el mes de diciembre de 2017 y finales de 2018 y desde su cargo de presidente de la Nación, “ha ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos”.

“Entre esas tareas de espionaje prohibidas por ley, se le imputa haber ordenado y posibilitado la realización de numerosas de ellas con el propósito de obtener datos personales e ­información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan”, detalló el juez Bava en la resolución que emitió el 1° de octubre cuando convocó al exmandatario a indagatoria.

El magistrado sostuvo que “esas acciones buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente con respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento de dicho submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes”.

En otro pasaje de la resolución afirma que “dichas tareas no contaron con autorización judicial alguna ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional y se realizaron, además, con el objeto de influir en la opinión pública, en esas personas y en el normal desenvolvimiento de las actividades de la agenda política de ese año, que según los criterios preestablecidos podían afectar a la gestión del entonces gobierno nacional encabezado por el expresidente Mauricio Macri”.

“Es claro que estas acciones ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motu proprio realizaron este espionaje ilegal, sino por el contrario, partieron de un interés político nacional que, en el final de la cadena, respondía al entonces presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri”, había asegurado el juez Bava.