Eliminación de las PASO, declaración de la Emergencia Pública y privatizaciones son algunos de los puntos más relevantes del documento presentado por el presidente.
28/12/2023 - 00:00hs
En la jornada del miércoles, el Presidente de la Nación, Javier Milei, envió finalmente al Congreso el tan esperado proyecto de “Ley Ómnibus”, a partir del cual propone una gran cantidad de cambios significativos en el funcionamiento de la República Argentina tal como la conocemos hasta ahora.
En ese aspecto, desde el diario Hoy proponemos un repaso detallado por cada uno de los puntos que plantea el representante del Ejecutivo nacional y que deberán ser debatidos por los legisladores para su aprobación o rechazo en las sesiones extraordinarias.
Pero antes cabe detenerse en la introducción del extenso documento. El texto inicia con un análisis, en donde se expresa: “Argentina está inmersa en una grave y profunda crisis económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social sin precedentes, que afecta a todos los órdenes de la sociedad y al funcionamiento mismo del Estado”.
De esta forma, se plantea que la crisis fue originada por “haber abandonado el modelo de la Democracia Liberal y la Economía de Mercado plasmado en nuestra Constitución de 1853 y haber avanzado, durante décadas, hacia un modelo de Democracia Social y Economía Planificada”.
Asimismo, iniciando con las propuestas, desde el Gobierno se detalló que una de las propuestas es que se “haga efectiva la delegación legislativa prevista en el artículo 76 de la Constitución Nacional, declarando la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025”, lo que implicaría que se deleguen facultades legislativas al Ejecutivo.
Por otra parte, el documento también propone la privatización de todas las empresas y sociedades “de propiedad total o mayoritaria estatal”. Dicho listado está compuesto por Aerolíneas Argentinas; YPF; Banco Nación; Casa de Moneda Correo Argentino; Arsat; AySA; Fabricaciones Militares; Ferrocarriles Argentinos; Télam y Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), entre otras.
En otro apartado, y como punto polémico y que generó algunos rechazos, también se propone la modificación del artículo 194 del Código Penal para endurecer las penas a los manifestantes, estén o no presentes al momento de la protesta.
En tanto, vale mencionar que actualmente las condenas vigentes son de tres meses a dos años de prisión para “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.
Así, lo que se busca con esta reforma es penar con dos a cuatro años de cárcel a aquellos que, con un arma interrumpan el servicio de transporte público; con dos a cinco años a “quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado” estén o no en el lugar y con tres a seis años a quienes amenacen a una persona con sacarle la “asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole” para que asistan a una protesta.
Asimismo, también se plantea, en el extenso documento, la reforma del artículo 34 del Código Penal, que extendería la definición de la legítima defensa y eliminaría las penas a quienes actúen “en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo; en cuyo caso, la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”.
Vale mencionar que, actualmente, la ley establece que “las fuerzas de seguridad podrán hacer uso del arma de fuego cuando su vida o la vida de otras personas estén en riesgo”.
La propuesta de reforma electoral y reforma jubilatoria no quedaron afuera. En ese aspecto, en cuanto a la electoral, el Presidente se refirió a lo que ya había adelantado y terminó por confirmar su interés de eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), como así también la habilitación del uso de la Boleta Única.
Tal como había adelantado el ministro de Interior, Guillermo Francos, “es increíble que en 40 años de democracia no hayamos sido capaces de cambiar este sistema tan arcaico donde un elector llega a un cuarto oscuro y se encuentra con 500 boletas de partidos y de alianzas y de sectores”.
En cuanto a la propuesta de reforma jubilatoria, el Gobierno de Milei plantea que “hasta tanto se establezca una fórmula automática, el Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”, lo que significaría que los aumentos serían por decreto.
Las sesiones
Vale recordar que hace pocos días, en medio de la incertidumbre y la expectativa, el Presidente Milei lanzó el llamado a sesiones extraordinarias dentro del plazo del 26 de diciembre y el 31 de enero. De esta forma, allí será el momento en que los legisladores debatan cada uno de los puntos planteados en la jornada de ayer.
La expectativa es total y desde el Gobierno se muestran optimistas. Sin ir más lejos, en los últimos días el vocero presidencial habló sobre los debates que se vienen en el Congreso y señaló: “Los diputados y senadores deberán elegir entre acompañar el deseo de la gente, acompañar el cambio, acompañar la Argentina que queremos para la gente de bien y sin el peso del Estado o seguir obstruyendo este cambio y poner palos en la rueda”.