Milei y las fuerzas de la venganza: redujo el envío de fondos y subsidios al transporte a las provincias

El Gobierno redujo durante enero un 98 % las transferencias discrecionales a las provincias y anunció el jueves que disminuirá el subsidio a las empresas prestatarias del servicio de transportes de pasajeros de jurisdicción nacional para concentrar la ayuda a los usuarios que más lo necesitan de forma directa, dos medidas que despertaron el rechazo de gobernadores e intendentes, en medio de los cruces por la frustrada Ley Bases.

“Se termina la plata para recitales de dudoso financiamiento, para organizaciones sociales y para el empleo militante. Si todos estamos haciendo un esfuerzo, entendemos que el esfuerzo también lo tienen que hacer los gobernadores”, aseguró el vocero presidencial, Manuel Adorni, al anunciar la reducción en las partidas durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

Adorni indicó que la decisión del Presidente, Javier Milei, busca dotar de transparencia “un sistema que funcionaba en favor de la propia política”, aunque aclaró que la Nación mantendrá el envío a los distritos de los recursos que habitualmente distribuye por medio de transferencias automáticas.

“Las cajas para hacer política se han terminado”, sostuvo Adorni.

Disminución del subsidio a empresas de transporte

La reducción casi total de esos fondos se conoció horas después de que el Gobierno anunciara una disminución del subsidio a las empresas prestatarias del servicio de transporte de pasajeros de jurisdicción nacional para, de ese modo, concentrar la ayuda a los usuarios que más lo necesitan de forma directa, canalizando dicha asistencia a través del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE).

La medida, confirmada por medio de un comunicado de la Secretaría de Transporte, contempla además la eliminación, a partir de este año, del Fondo Compensador del Interior, cuyas sumas también eran recibidas por empresas prestatarias de los servicios del resto del país, o sea, fuera del AMBA.

Ambas decisiones gubernamentales impactan en las finanzas de las provincias y se anunciaron dos días después de que el Presidente Milei expresara su molestia con un grupo de gobernadores porque, indicó, los diputados que representan a las provincias en el Congreso Nacional no respaldaron con su voto el tratamiento en particular del proyecto de Ley Bases tras haber recibido una aprobación en general.

Las reacciones

Sin embargo, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, sostuvo que la eliminación de subsidios del transporte en las provincias “incumple”, justamente, ese acuerdo fiscal y, por el contrario, mantiene “fuertes asimetrías entre el AMBA y el resto del país”.

“Bienvenido el orden fiscal, pero debe ser equitativo”, escribió Cornejo, dirigente del radicalismo, en su cuenta oficial de la plataforma X.

Otro mandatario de la UCR, el santafesino Maximiliano Pullaro, aseguró que a la provincia que gobierna “siempre la discriminaron” y, en esta ocasión, sufrirá la quita de unos “1.500 millones de pesos por mes, que era una partecita de los subsidios que daba Nación para sostener los de transporte”.

Pullaro advirtió que no va “a permitir a ningún gobierno nacional” que aplique “más retenciones al campo y a la industria, porque eso —evaluó— atenta contra la generación de empleo y contra el crecimiento económico de muchas regiones de la Argentina, principalmente de Santa Fe”.

“El Estado nacional pretende tener a los gobernadores de rodillas”, consideró el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, y dejó abierta la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia “para defender el patrimonio” de la provincia ante las medidas tomadas por el Gobierno nacional.

“No creo que ningún gobernador deje de hacer lo mismo porque es algo que nos une”, vaticinó el gobernador pampeano.

En tanto, el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, consideró que, si la relación del Gobierno con las provincias “va a ser la que se viene advirtiendo a partir de declaraciones y conductas” del Presidente Milei y algunos de sus funcionarios, se generará “una contrarréplica” por parte de los distritos. “Si el Gobierno decidiera asfixiar a las provincias para que no puedan funcionar, considerando, entre otras cosas, que el 85 % de los recursos presupuestarios que tienen se destina para solventar y financiar educación, seguridad y salud, lo que van a fundir son los sistemas públicos más importantes que tiene el Estado”, evaluó.

Distinta es la situación en Catamarca, donde gobierna el peronista Raúl Jalil. “Por ahora vamos a bancar nosotros el precio del boleto, pero seguro en algún momento tendremos que incrementar”, indicaron en la gobernación norteña. El mandatario es uno de los pocos peronistas que tiene buena sintonía con Balcarce 50.

Los intendentes, en pie de guerra

Un grupo de intendentes de las principales ciudades del país —Pablo Javkin (Rosario), Daniel Passerini (Córdoba), Jorge Jofre (Formosa), Roy Nikisch (Resistencia), Emiliano Durand (Salta) y Rosario Romero (Paraná), entre otros— expresaron en un comunicado conjunto su “extrema preocupación” y advirtieron que la medida “es contra los millones de estudiantes, enfermeros, trabajadores que diariamente utilizan el transporte público para movilizarse”.

“Ante esta situación, los intendentes que suscriben, evaluaremos todas las medidas políticas y judiciales para garantizar las partidas ya asignadas por el presupuesto nacional. A su vez, nos autoconvocaremos en los próximos días para solicitar en conjunto la revisión de la misma. Convocamos a los legisladores nacionales de cada una de las provincias para dicha instancia”, informaron.

Indicaron, además, que “esta medida implicaría dejar sin transporte a todo el interior del país. Vale remarcar además, que se sostiene la inequidad con el AMBA, ya que la eliminación solo está planteada para el interior”.