Piden indagatoria para Vidal y ampliar imputación a Macri, Arribas, Majdalani y Conte Grand

César Alabarracín, defensor de Juan Pablo Medina y de María Fabiola García, su esposa, realizó una presentación ante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, para que se convoque a indagatoria a todos los participantes de la denominada “mesa judicial” del 15 de junio de 2017, y además solicitó que se amplíe la imputación al expresidente Mauricio Macri, Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, Gerardo Martínez, Federico Salvai, Gustavo Ferrari y Julio Conte Grand.

De este modo, Albarracín instó a que cite a comparecer ante la Justicia a la exgobernadora Vidal; al exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas; al exsubsecretario de Justicia bonaerense, Adrián Grassi; al exministro de Infraestructura provincial, Roberto Gigante; al intendente de La Plata, Julio Garro; al senador Juan Pablo Allan; a los tres exagentes de la AFI, Juan Sebastián De Steéfano, Darío Alberto Biorci y Diego Luis Dalmau Pereyra; a los empresarios Marcelo Jaworski, Ricardo Alconada, Fabián Cusini, Jorge Oscar Del Río; al titular del Colegio de Arquitectos, Guillermo Federico Moretto; y a Bernardo Zaslascky.

En el escrito, el letrado señala que “la profusa prueba colectada permite sospechar sobre la existencia de delitos de inusitada gravedad institucional cometidos por los nombrados”.

El abogado defensor de Medina relató que el “proceso se inicia con la denuncia formulada por la AFI, en la que se pone en conocimiento del hallazgo de un registro audiovisual que refleja una reunión de la que participaron funcionarios, dos ministros y un viceministro del gobierno de la provincia de Buenos Aires, un senador provincial, el intendente de la ciudad de La Plata, tres funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia, y siete empresarios y representantes de entidades platenses vinculadas a la actividad de la construcción”.

La mesa judicial

“En esa reunión, desarrollada el 15 de junio del año 2017, los intervinientes se pusieron de acuerdo para concretar un complot destinado a encarcelar ilegítimamente a Juan Pablo Medina y a María Fabiola García, junto a otros dirigentes sindicales de la Uocra Seccional La Plata, familiares y allegados. En concreto, acordaron coactuar para generar y manipular supuestos elementos de prueba destinados a lograr el fin cometido, a sabiendas de que los mismos se emplearían luego en forma expresa para justificar las imputaciones penales y las detenciones. Evaluaron y acordaron también durante ese encuentro una mecánica adicional e igualmente compleja, que consistía en provocar al gremio o sus representantes con la finalidad de que se genere como reacción un reclamo, en cuyo contexto se desplegarían actividades de inteligencia y/o procesales dirigidas a acreditar la existencia de supuestos delitos que sustentaran luego los pedidos de detención”, detalla como sustento del pedido.

En ese punto agrega entonces que “el acuerdo contaría no sólo con la participación y actuación directa de los presentes, sino también con el acompañamiento y coordinación de las máximas autoridades a cargo de los Gobiernos Nacional y Provincial, de quienes partía la decisión de encarcelarnos, así como con el compromiso de los jueces y fiscales que habrían de intervenir, sobre quienes se presionaría, influiría o con quienes se acordaría para garantizar el éxito del objetivo propuesto”.

La figura de Vidal

En la solicitud judicial, se deja expresamente señalado que “la dinámica de los hechos no deja margen de dudas de que (Vidal) fue la persona que dio la orden directa para que se comentan los delitos que se vienen analizando y que, desde su altísimo rol institucional, aportó los medios para garantizar el éxito del plan propuesto. Desde la querella estimamos que aquella orden, a su vez, tiene como antecedente una decisión superior del expresidente Mauricio Macri, sobre quien consideramos que debe ampliarse la investigación”.

“María Eugenia Vidal intentó algunas explicaciones públicas sobre los hechos de este proceso. Estimo que debería darlas en el contexto procesal adecuado. Ya marcamos en un escrito anterior las múltiples falsedades e inexactitudes en las que incurrió. Marcó una larvada estrategia de defensa pública basada en tres pilares insostenibles: que el video no servía como prueba, que nadie sabe cómo entraron allí los agentes de inteligencia y que el Pata Medina era un delincuente. Solo marcamos, de inicio, que Juan Pablo Medina no tiene un solo antecedente condenatorio, con casi 70 años de edad y 40 en la lucha sindical”, detalló.

En ese sentido remarcó que “por otro lado, es claro y evidente que los agentes no podían estar allí presentes sin el acuerdo de sus ministros y, además, nadie hubiese podido colocar una sola cámara ni un micrófono si el salón no se reservaba previamente para ello como se lo hizo. En el video se los ve participar y dirigir la reunión en coordinación con los funcionarios provinciales presentes. Y Villegas se refiere a ellos como referentes del Gobierno nacional, lo que marca otra vez el pleno conocimiento de su función y rol”.

Para finalizar, el abogado resume: “Estimamos que los elementos brevemente reseñados la posicionan con toda claridad como jefa de la asociación ilícita que hemos descripto y como coautora de los restantes delitos ya referidos”.