Piden la nulidad de la causa “Operación Puf”

El fiscal federal Franco Picardi solicitó a la Justicia que se declare la nulidad de la causa “Operación Puf”, iniciada por Elisa Carrió, por haberse basado en escuchas ilegales, según informaron ayer.

Carrió había presentado pruebas a la Justicia en esta causa similar a la que había iniciado el fiscal Carlos Stornelli. Las transcripciones telefónicas que se habían presentado se “recibieron en sobres anónimos”, según expresaron am­bos denunciantes.

La causa pretende determinar si el caso D’Alessio fue una campaña para desprestigiar la imagen de Stornelli, que estuvo involucrado por espionaje ilegal.

Picardi solicitó al juez Sebastián Casanello la nulidad luego de argumentar “que la divulgación del contenido de las intervenciones telefónicas que se efectuó, a través de la entrega de transcripciones a terceras personas, es ilegal”.

Además, remarcó que “la ­divulgación del contenido de las intervenciones telefónicas cuyo contenido, a su vez, no debía ser conocido –como expusiera anteriormente– resulta suficiente como para tener por acreditada la ­existencia, una vez más, del hecho delictivo que afecta directamente la validez de las transcripciones utilizadas”.

Las personas escuchadas sin autorización judicial fueron exfuncionarios que estuvieron detenidos en el penal de Ezeiza, como el ex­secretario de Coordinación y Gestión del Ministerio de Planificación de la Nación, Roberto Baratta, y el exsecretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi.

El teléfono público del pabellón en el que estaban detenidos los exfuncionarios había sido intervenido con orden judicial del juez Federico Villena para investigar a Mario Segovia, conocido como “El Rey de la Efedrina”.

En este contexto fue que el juez dispuso la intervención de uno de los teléfonos públicos del penal de Ezeiza, pero aclaró que era solo a los fines de acceder a las comunicaciones de Segovia, para lo cual se estableció un modo de trabajo que permitiría enfocarse solo en ese contenido.

Por lo tanto, Picardi sostuvo en su solicitud que “las grabaciones de las intervenciones telefónicas que no correspondían a Segovia fueron procesadas en contra de la orden judicial, transcriptas y posteriormente divulgadas”.