Procesaron a operadores de comercio por adulterar precios de insumos para Vaca Muerta
Importaban maquinaria e insumos destinados al yacimiento.
La Cámara Federal de San Martín confirmó los procesamientos de operadores de comercio exterior que importaban insumos para Vaca Muerta con precios adulterados, lo que les permitió obtener ganancias ilegales por más de 92 millones de dólares al cambio oficial.
Los camaristas Marcos Morán, Marcelo Fernández y Juan Pablo Salas ratificaron el fallo de primera instancia dictado por el juez federal de Zárate-Campana, Adrián González Charvay, en abril pasado.
La operatoria consistía en adquirir maquinaria y mercaderías en Estados Unidos a un valor, declararlo en la Aduana argentina a unas diez veces más, pedirle al Banco Central los dólares para hacer frente a esos supuestos costos y sacar las divisas al exterior pagando el precio real y quedándose con la diferencia.
De esa manera, el mecanismo “les habría permitido obtener, al tipo de cambio oficial, la suma de USD 92.339.773,8, que luego fueron girados al exterior”, explicó el fallo de primera instancia, ahora ratificado por la Cámara, que dispuso, además, “profundizar la pesquisa a los fines de establecer la eventual responsabilidad que podría caberles a los funcionarios aduaneros que autorizaron y verificaron, sin observación alguna, los diversos despachos de importación materia de análisis”.
La causa se inició a mediados del año pasado tras una operatoria en la que “se verificó que la mercadería ingresada al país corresponde a equipamiento destinado al montaje y puesta en funcionamiento de una planta para producir arenas silíceas, utilizada para la provisión de arena de fractura para la industria del petróleo y el gas (cuenca de Vaca Muerta)”.
Así, se realizaron 24 operaciones entre el 29 de junio de 2020 y el 8 de abril de 2022, a través del Departamento Aduana de Campana y de la Aduana de San Antonio Oeste.
El fallo corroboró que existió “una efectiva capacidad para ajustar, coordinadamente, el soporte documental a las necesidades que se imponían”, por lo que los tres empresarios y una despachante de aduanas fueron procesados por los delitos de “contrabando agravado en concurso ideal con defraudación a la administración pública”.
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