Proponen que el Congreso revise todas las leyes aprobadas durante la Dictadura

Un proyecto contempla la creación de una comisión bicameral que tendría entre sus facultades la posibilidad de derogar y modificar normas que no garanticen los derechos humanos.

El diputado del Frente de Todos, Eduardo Valdés, presentó un proyecto de ley que propone la creación de una comisión bicameral para revisar las leyes aprobadas durante la última Dictadura cívico-militar.

La iniciativa se motorizó en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia el 24 de marzo pasado, y a 40 años de la vuelta de la democracia en el país.

De acuerdo al proyecto, la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL) creada por la Dictadura sancionó entre el 24 de marzo de 1976 y el 9 de diciembre de 1983 más de 2.000 leyes, de las cuales 469 aún siguen vigentes.

La comisión propuesta por Valdés, además de revisar la normativa, tendría facultades para “proponer las adecuaciones al sistema de sanción de leyes establecido por nuestro sistema republicano de gobierno, como así también las derogaciones o modificaciones que correspondan para garantizar el respeto a los derechos humanos”.

“Si se atiende al total de 4.449 leyes vigentes, se advierte que casi una de cada diez fue aprobada por el gobierno de facto. Algunas de ellas son especialmente relevantes y significativas, como la ley de Entidades ­Financieras, la de Inversiones Extranjeras, la de Expropiaciones y el Régimen Penal de Minoridad, entre otras”, analizó el diputado del FdT.

Según el proyecto, la bicameral estaría integrada por 20 miembros, de los cuales 10 deben pertenecer al Senado y a Diputados y serían designados por los presidentes de cada cámara a propuesta de cada bloque, garantizando la proporción de las representaciones políticas en cada una de las cámaras y la paridad de género.

“Los derechos humanos como política del Estado argentino constituyen uno de los pilares fundamentales en nuestro país desde el regreso de la democracia. La promoción y protección de los derechos humanos deben ser transversales a todas las políticas públicas”, concluyó el legislador.

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