Realizaron procedimientos por el caso Vicentin
Buscan información sobre el otorgamiento irregular de créditos a la empresa cerealera por más de 18.000 millones de pesos durante la gestión de Mauricio Macri.
La Justicia Federal realizó ayer un procedimiento en la sede central del Banco Nación en busca de información vinculada a la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el otorgamiento de créditos a la cerealera Vicentin durante la gestión al frente de la entidad de Javier González Fraga, en el gobierno de Cambiemos.
La medida –una orden de presentación con allanamiento en subsidio– fue ejecutada por disposición del fiscal Gerardo Pollicita, que tiene delegada la investigación, y tuvo como objetivo la búsqueda de documentación y archivos digitales, posiblemente alojados en computadoras de exfuncionarios del banco, según informaron fuentes judiciales.
El procedimiento, monitoreado por personal de la fiscalía, apuntaba a obtener los correos electrónicos de los exdirectivos de la entidad bancaria, entre los que se encuentran González Fraga y el exvicepresidente del Nación Lucas Llach, ambos imputados en la causa judicial.
La investigación se originó a partir de una denuncia basada en un informe de las actuales autoridades de la entidad financiera que dio cuenta del supuesto otorgamiento irregular de créditos a la empresa cerealera por más de 18.000 millones de pesos.
En el informe presentado por el director del Banco Nación, Claudio Lozano, se advierte que la deuda acumulada violó normativas de la institución en relación a préstamos a grandes empresas.
En esta causa se investiga una supuesta maniobra delictiva a través de la cual funcionarios del Banco de la Nación Argentina incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria, según surge del expediente judicial.
Se los acusa de haber otorgado “irregularmente millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentin S. A. y Algodonera Avellaneda S. A. –al menos durante el año 2019–, apartándose de la normativa interna que lo regula, y luego omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba”.
La investigación también abarca la presunta participación criminal de los empresarios de esas compañías, quienes, del otro lado y en connivencia con los funcionarios, solicitaron los empréstitos irregulares, requirieron la liberación de los fondos afectados en garantía, mientras en simultáneo postergaban el pago de sus obligaciones.
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