Revelan las reuniones secretas de Villarruel con 10 genocidas

Una investigación realizada por el medio El Destape, reveló que la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villaruel, se reunió con represores en la cárcel de Marcos Paz durante 2016, mucho tiempo después de publicar su libro, según la justificación que dio para reunirse con Videla.

De esta manera, los datos reconstruyen los encuentros de la candidata de Milei con al menos diez genocidas en la cárcel de Marcos Paz entre 2014 y 2016. Uno estuvo involucrado en más de 250 secuestros, otro en 25 casos de torturas además de fusilamientos y desapariciones, uno fue agente de inteligencia que integró la patota de la ESMA y fue condenado además por delitos sexuales, otro fue condenado a prisión perpetua por robo de bebés, uno reprimió a poblaciones rurales, otro fue condenado por 84 casos de desapariciones.

Autopercibida representante de víctimas, su relación es mucho más estrecha con los victimarios, aunque la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza es poco consultada sobre estos vínculos y nada consultada sobre el dispositivo de abogados del establishment con los que comparte el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), revelados por El Destape.

De sus relaciones con genocidas habla poco; de los negocios que vienen detrás de esas relaciones nada.

En una entrevista con La Nación, le preguntaron sobre sus visitas a genocidas, lo que consignó: “Villarruel dijo que es cierto que visitó a Jorge Rafael Videla cuando estaba detenido, así como también a otros militares, pero aseguró que lo hizo porque estaba trabajando en su primer libro sobre la década del 70 que se tituló Los llaman… jóvenes idealistas y que —según dijo— buscó documentar con todas las voces”.

Sin embargo, los datos demuestran que ese libro fue publicado en 2009 y las visitas a los genocidas fueron en 2014 y 2016. Tal vez se equivocó y hablaba de su otro libro, Los otros muertos, en coautoría con Carlos Manfroni. Pero las fechas tampoco dan: lo editó en 2014 y las visitas a genocidas que publica este medio fueron en su mayoría en 2016.

El Destape pudo reconstruir que, el 17 de febrero de 2016, Villarruel fue al penal de Marcos Paz a ver a 10 represores.

El primero de la lista es Alberto González Menotti, agente de inteligencia, integrante del Grupo de Tareas de la ESMA, condenado a perpetua por cometer delitos como violaciones en la ESMA, secuestros y torturas.

El segundo genocida con quien Villaruel se reunió, según la investigación de El Destape, fue Gerardo Jorge Arráez, perteneciente al área de inteligencia de Policía Federal, condenado a 25 años de prisión en 2017 en el juicio ABO III, por cometer más de 250 secuestros y torturas durante el terrorismo de Estado. Entre los hechos que se le adjudicaron, figura el caso del secuestro del empresario de medios Jorge Fontevecchia, y en las torturas solía fotografiar a las detenidas.

El tercero, es el Coronel retirado Héctor Girbone, oficial de inteligencia del Ejército, condenado a 8 años por apropiación de bebés, especificamente de Pablo Gaona Miranda, nieto restituido en 2012. En las denuncias se lo había señalado como el “entregador”.

El cuarto en la lista es el Teniente coronel Juan Amelong, quien fue condenado a cuatro cadenas perpetuas por homicidios, secuestros, torturas y robos de bebés.

El quinto genocida que mantuvo una reunión con la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza es Pedro Alberto Rodríguez, civil, condenado en 2013 a 8 años y seis meses de prisión por el secuestro y tortura de Manuel Oscar Casado, dirigente sindical.

El sexto es el Teniente coronel José Tadeo Bettolli, condenado a perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia de Chaco, hacia pobladores rurales y militantes campesinos.

El séptimo genocida asociado con Villaruel es Luis Alberto Patetta, oficial de inteligencia, condenado en tres ocaciones a perpetua por crímenes de lesa humanidad también en Chaco.

El número 8 en la lista es Héctor Di Pasquale, condenado por delitos de lesa humanidad en la Brigada de San Justo. Di Pasquale está detenido desde 2010 y sostiene la misma línea negacionista que Villarruel. Publicó un libro en el que afirma que los desaparecidos no son 30.000.

El noveno en la lista publicada es Rogelio Masson Iglesias, agente penitenciario, condenado a 14 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y luego beneficiado por la Cámara Federal de Casación Penal.

El décimo genocida es José Roberto Abba, militar y abogado general del Estado (fiscal de Estado) del gobierno de facto del general Antonio Domingo Bussi en Tucumán durante la última dictadura empresario-militar. Estuvo detenido, acusado de crímenes de lesa humanidad, pero terminó absuelto por “el principio de duda”.

Ese 17 de febrero de 2016 Villarruel no fue la única que se reunió con estos genocidas. También estuvo Santiago Sinópoli, un militar y abogado con una buena cantidad de publicaciones donde busca fundamentar la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad interior y, al igual que Villarruel, alegar que hubo violaciones a los derechos humanos de ambos bandos y que lo necesario es una amnistía general.

Dos semanas después de esta visita generalizada a represores, el 2 de marzo de 2016, Villarruel volvió al Complejo Penitenciario Federal 2 y visitó a tres genocidas con los que ya se había reunido: Amelong, Bettolli y Girbone.

Previamente, según pudo reconstruir El Destape, el 21 de mayo de 2014 Villarruel había ido al CFP 2 para ver al represor de la ESMA Alberto González, a quien volvió a visitar el 17 de febrero de 2016.

Esta decena de visitas se suman a las ya conocidas y difundidas como las que Villarruel hizo al dictador Videla, revelada por el militar Pedro Rafael Mercado, esposo de la negacionista Cecilia Pando, o al represor Norberto Cozzani, mano derecha de Miguel Etchecolatz, difundida por la abogada Guadalupe Godoy, querellante en la causa sobre la desaparición de Jorge Julio López. Etchecolatz tenía anotada a Villarruel en uno de sus cuadernos como contacto de cara al juicio que iba a afrontar por el caso López, como también reveló Godoy.