Servini habló de los incidentes en el Congreso por la Ley Bases y aclaró que aún no cerró la investigación

La jueza María Servini, encargada de investigar los incidentes ocurridos en el Congreso durante el tratamiento de la Ley Bases, explicó los avances del caso y su decisión de procesar con prisión preventiva a cinco personas.

En declaraciones radiales, Servini mencionó que aún queda mucho material por analizar, “incluyendo numerosos videos que podrían revelar más responsabilidades”. Asimismo, solicitó a la población que “entregue cualquier registro fílmico que tengan de ese día”.

La magistrada señaló que tomó la decisión de procesar a los cinco imputados “basándose en un estudio preliminar y rápido, encontrando correlatos entre los testimonios policiales y la documentación disponible”.

También destacó que aún falta evaluar el papel de los policías presentes durante los disturbios y no descartó la posibilidad de “responsabilidades” por parte de las fuerzas de seguridad. Además, subrayó la aparente “falta de organización” entre las diferentes fuerzas que participaron en el operativo.

Durante la entrevista, la jueza se distanció de la acusación del fiscal Carlos Stornelli, quien había calificado las acciones de los detenidos como “terroristas”. Servini cuestionó las bases de esta acusación y sugirió que Stornelli “podría haber visto algo” que ella no había notado.

En cuanto a la respuesta del Gobierno a los incidentes, la magistrada evitó comentarios detallados, y afirmó que “cada uno evalúa la situación según su perspectiva”.

Los cinco detenidos procesados con prisión preventiva son Cristian Valiente, por intimidación pública y atentado a la autoridad, quien tenía una granada; Patricia Calarco Arredondo, por incendio, daño agravado e intimidación; Facundo Ezequiel Gómez, por intimidación pública y atentado a la autoridad; Daniel Sica, por atentado a la autoridad en reunión de más personas e intimidación pública; y Roberto María de la Cruz Gómez, por intimidación pública y atentado a la autoridad. A cada uno se le impuso un embargo de 500.000 pesos.