Tarifa congelada

En medio de fuertes reclamos de los usuarios por un servicio deficiente, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires negocia un posible congelamiento tarifario con las distribuidoras de energía eléctrica del territorio bonaerense.

La medida se da en consonancia con las tomadas por la administración nacional a cargo de Alberto Fernández y para concretarla deberá llegar a un acuerdo, como lo hizo a principios de este año, con Rogelio Pagano, el titular del grupo que controla las empresas Edelap, Edea, Eden y Edes.

El acuerdo entre la Provincia y Pagano venció el 30 de junio último y por este motivo Axel Kicillof busca emular al Gobierno nacional para tener una extensión hasta el 31 de diciembre. Desde la cartera de Infraestructura señalaron que lo que se busca es extender el congelamiento de las tarifas “sobre todo atendiendo a la situación económica y a la emergencia sanitaria”.

Desde el área comandada por Agustín Simone, recalcaron que en principio el acuerdo sería por 180 días, aunque se está discutiendo y tratando de consensuar. De llegar a un acuerdo, se daría el primer paso dentro de un camino mucho más ambicioso que busca copiar el tomado por Alberto Fernández, que ya decretó el congelamiento de todas las tarifas de servicios públicos (luz, gas, agua), también incluyendo algunos servicios a los que la pandemia dio categoría de “imprescindibles” como son la telefonía, internet y la televisión por cable.
Cabe recordar que la exgobernadora María Eugenia Vidal, como gesto de despedida hacia el sector empresario energético y tras perder las elecciones del 27 de octubre, había autorizado un fuerte aumento en las tarifas a partir del 1° de enero, medida que fue dada de baja por su sucesor, quien deberá comandar las negociaciones. El panorama no es nuevo para esta administración, que ya logró en sus primeros días de gestión un acuerdo para congelar los aumentos, con la premisa de revisar las inversiones realizadas por los privados, sus contratos de concesión y los cuadros tarifarios que aplican por la distribución del servicio de energía.

En aquel momento y como moneda de cambio, se permitió seguir cobrando el “ICT”, un ítem creado por la administración saliente (casi como si fuera un mea culpa) para que las distribuidoras recuperaran las diferencias de costos generadas a partir de las devaluaciones del peso en los cuatro años de administración macrista. También suspendieron hasta el 30 de junio de 2020 “las penalizaciones aplicadas (…) a los distribuidores provinciales y municipales, correspondientes al semestre que abarca del 2 de junio de 2019 al 1° de diciembre de 2019, y las del período comprendido entre el 2 de diciembre de 2019 y el 1° de junio de 2020”.

Es menester aclarar que una suspensión no implica el perdón de la penalización, máxime cuando el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba) le impuso multas por 200 millones de pesos y penalizaciones por 25 millones a la distribuidora Edelap por el apagón registrado en la zona norte de La Plata, hecho por el que la Justicia Contencioso Administrativa de La Plata rechazó la medida cautelar solicitada por la empresa para suspender el pago de las multas que le impuso el organismo de control por los cortes de servicio sufridos hace un año por los vecinos de Hernández, Gorina,
Gonnet, City Bell, Villa Elisa y Arturo Seguí.