Tarifas y transporte subieron casi 600% en dos años

El costo de los servicios públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró una fuerte escalada desde la llegada del actual Gobierno. De acuerdo con el último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET), una familia tipo necesitó en marzo $213.557 para cubrir electricidad, gas, agua y transporte, en un escenario de fuerte reducción de subsidios.

El dato más relevante del reporte es la magnitud del aumento acumulado. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, la canasta de servicios públicos trepó un 591%, muy por encima de la inflación del período, que fue del 203% (280% si se incluye diciembre). El incremento refleja el proceso de recomposición tarifaria impulsado por el Gobierno nacional y su impacto directo sobre el ingreso disponible de los hogares.

Una suba por encima de la inflación

El desagregado por servicio muestra aumentos muy dispares, aunque todos en niveles elevados. El gas natural lidera con una suba del 766%, seguido por el transporte público, que registró un incremento del 996%. En tanto, la electricidad aumentó un 370% y el agua un 366%.

Estos números dan cuenta de una fuerte transferencia del costo hacia los usuarios. Actualmente, los hogares del AMBA cubren en promedio el 65% del costo real de los servicios, mientras que el Estado financia el 35% restante. Este esquema implica un cambio significativo respecto de años anteriores, cuando el peso de los subsidios era mayor y permitía amortiguar el impacto de los aumentos. En paralelo, se consolidó un esquema de actualización periódica que mantiene en tensión el gasto de los hogares.

El transporte, el mayor impacto

Dentro de la canasta, el transporte público se consolidó como el principal factor de presión sobre los ingresos. No solo es el rubro con mayor peso relativo, sino también el que más aumentó en términos acumulados.

Según el informe, el costo técnico del boleto de colectivo sin subsidios asciende a $1.811, lo que marca la brecha entre el valor real del sistema y lo que finalmente paga el usuario. La política oficial apunta a reducir esa diferencia de manera progresiva, en línea con el objetivo de recorte del gasto público y convergencia de tarifas a valores plenos.

El impacto de estos incrementos se refleja en la participación de los servicios públicos dentro del salario. La canasta pasó de representar poco más del 10% del ingreso promedio a ubicarse por encima del 12%, lo que obliga a las familias a ajustar otros consumos, especialmente en rubros sensibles como alimentos, salud y recreación.

En este contexto, el informe advierte que la dinámica de los costos, especialmente en el sector energético, mantiene abierta la posibilidad de nuevos aumentos en los próximos meses, en función de la evolución del tipo de cambio, la inflación y la continuidad del esquema de quita de subsidios. De sostenerse esta tendencia, el peso de los servicios podría seguir ganando participación dentro del gasto total de los hogares.