El Gobierno retoma la saña contra el Garrahan
Adorni comunicó más despidos de trabajadores del hospital por protestar. Hay conmoción, y la medida generó un fuerte rechazo social.
Luego de numerosos reclamos y presión judicial, el Ejecutivo formalizó la norma sin asumir su responsabilidad política en la demora.
05/02/2026 - 00:00hs
La reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad llegó tarde y bajo presión, luego de que la Justicia obligara al Gobierno a poner en marcha una norma que llevaba meses paralizada.
El Congreso había sancionado la ley en julio de 2025, pero el Ejecutivo decidió frenar su aplicación con el argumento de falta de previsión presupuestaria, dejando a miles de personas en situación de vulnerabilidad. Fue necesario un fallo del juez federal Adrián González Charvay para declarar inválido ese freno y ordenar la implementación inmediata, al advertir que el condicionamiento presupuestario chocaba con obligaciones constitucionales y tratados internacionales.
Pese a apelar la decisión, el Gobierno terminó publicando el decreto que establece reglas operativas, crea un nuevo régimen de pensiones y fija auditorías. Sin embargo, la demora en poner en marcha la medida expone la inacción oficial y la falta de voluntad política para garantizar derechos básicos, ya que sólo la intervención judicial logró destrabar un proceso que el Ejecutivo había dejado en suspenso.