Un acuerdo entre copas: “Cambiemos vivió la fiesta de la entrega de la soberanía”

En un libro sobre sus memorias dado a conocer la semana pasada, el excanciller del Reino Unido Alan Duncan relató que, al momento de rubricar la firma de un acuerdo internacional en relación con las islas Malvinas, el vicecanciller argentino del entonces gobierno de Mauricio Macri, Carlos Foradori, había “bebido de más”, a tal punto que “al otro día no recordaba lo que se había convenido” y tuvieron que recordárselo las propias autoridades británicas.

La noticia generó la reacción del Gobierno argentino, que de la mano del actual canciller Santiago Cafiero comenzó una investigación de oficio y, en paralelo, la ampliación de una denuncia penal contra Mauricio Macri por “traición a la patria”, puesto que Duncan revela también el aval del expresidente a las negociaciones en 2016.

En este contexto, diario Hoy dialogó con el abogado del Centro de Ex-Combatientes de las Islas Malvinas (Cecim) La Plata, Jerónimo Guerrero Iraola, quien consideró que “el acuerdo es una herida abierta por la soberanía argentina sobre las Malvinas, es de una gravedad inusitada porque fue firmado y concebido en un gobierno democrático, más allá de las características del gobierno de Cambiemos, que fue entreguista en términos de so­beranía y porque en su génesis viola la cláusula 1 de la Constitución Nacional, que establece como política imprescriptible el reclamo sobre la soberanía de Malvinas”.

“Cuando conocimos el acuerdo en 2016, lo primero que hicimos fue analizar el instrumento y advertir que estábamos ante una pieza que condicionaba la soberanía porque reedita el paraguas de soberanía que fuera establecido entre Argentina y el Reino Unido en la declaración conjunta del 19 de octubre de 1989 en Madrid, y significó que ambas partes podían discutir asuntos sobre el Atlántico Sur sin que esto significara una renuncia al reclamo soberano. Sin embargo, en la práctica permitió que Gran Bretaña avanzara en actividades de pesca y exploración petrolera, sin que Argentina pudiera evitarlo”, relató Guerrero Iraola.

El letrado consideró que, “además de ser infausto e infame y una porquería en términos jurídicos, es contrario al sentido constitucional que se le dio a la cuestión Malvinas, por lo tanto, al conocer estos aspectos en ese momento denunciamos a quien era la canciller argentina Susana Malcorra y a Foradori por incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque condicionaban los bienes de Argentina, y presentamos la denuncia ante la Justicia Penal Federal, que fue archivada en Comodoro Py”.

“Cambiemos vivió la fiesta de la entrega de la soberanía, que haya estado borracho es un acto de celebración de lo que vinieron a hacer: el pago a los fondos buitre; la desregulación de tierras rurales por el decreto 820 en 2016, una aberración que permitió a Joe Lewis estar apropiándose del Sur argentino; permitir la entrada de residuos potencialmente peligrosos, avalado por el exministro Bergman; la instalación de bases militares de Estados Unidos de la mano de Patricia Bullrich y sus amigos contratistas del Pentágono; el acuerdo Foradori-Duncan... Todas esas cuestiones tienen que ver con un posicionamiento ideológico que busca debilitar al Estado ante los fueros internacionales a la hora de reclamar con argumento históricos la soberanía sobre Malvinas”, sentenció.

En cuanto a los pasos a seguir de aquí en adelante, el abogado que representa a los excombatientes anticipó que “creemos que esto que pasó debería redundar en una fuerte expresión política. La diputada Victoria Tolosa Paz elaboró un proyecto de declaración que acumuló el acompañamiento de muchísimos diputados. Deben generarse las condiciones necesarias para revisar los tratados de entrega de soberanía, como fueron los acuerdos de Madrid durante el menemismo, la lógica de Di Tella de mandarles ositos Winnie the Pooh a los isleños y estas normas que condicionan nuestra soberanía. No somos muy adeptos a la judicialización de la política, no hay nada más potente que el Congreso se expida, que solicite la denuncia de instrumento internacional y se avance desde allí. Sugerí que avancen con una comisión bicameral que investigue la normativa que pueda condicionar la política de soberanía”.

¿Qué fue el acuerdo Foradori-Duncan?

Ese documento fue el corolario del primer año de la política del gobierno de Cambiemos sobre Malvinas, que se propuso hacer concesiones a los intereses británicos respecto de la explotación de los recursos naturales argentinos en la región y bajar la intensidad del reclamo por la soberanía.

En este sentido, cabe recordar que ni bien asumió como presidente, en diciembre de 2015, Mauricio Macri fue el primer gobernante electo desde el retorno de la democracia que no mencionó la reivindicación del ejercicio de la soberanía por Malvinas en su discurso de asunción en el Congreso Nacional.

El gobierno adoptó la forma de “comunicado conjunto” para evitar cumplir con la obligación constitucional de someter a la aprobación del Congreso Nacional los acuerdos internacionales que suscribe el Poder Ejecutivo.

La declaración manifiesta que se acordó adoptar las medidas apropiadas para cumplir con las dos principales demandas británicas que la primera ministra Theresa May, apenas había asumido, le realizó al presidente Macri.

En términos de recursos naturales, el comunicado expresa el acuerdo “para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas Malvinas”, cuando es precisamente la negativa del gobierno británico a resolver la disputa de soberanía la verdadera causa de los obstáculos al “crecimiento y el desarrollo sustentable” de esta región del Atlántico Sur.

En cuanto a los vuelos, el comunicado expresa que las partes “acordaron que serían establecidas conexiones aéreas adicionales entre las islas Malvinas y terceros países”. Ello desconoce la histórica demanda de Argentina de promover un segundo vuelo desde territorio continental argentino y mediante la aerolínea de bandera, Aerolíneas Argentinas. Por el contrario, recientemente el Gobierno nacional ha autorizado por decreto a una empresa aerocomercial brasileña a explotar la ruta San Pablo-Malvinas.