Universidades K: fondos millonarios, con la educación como pantalla

Poco antes de dejar el poder, Cristina Kirchner aprobó el reparto discrecional de $747 millones entre casas de altos estudios del Conurbano utilizadas como cajas políticas. Contratos y negocios a través de academias que ni siquiera están en funciones. El desafío del nuevo gobierno

"Fui nombrado presidente de la República, y no de mis amigos”. La sentencia, enunciada por el expresidente de la Nación y padre de la educación, Domingo Faustino Sarmiento, debería ser grabada a fuego en los atributos presidenciales, a fin de garantizar que quien asuma la gobernabilidad del país no incurra en la metodología aplicada por el kirchnerismo en áreas sensibles como la educación, a saber: la discrecionalidad, el desvío de fondos y el favoritismo político hacia universidades que respondían a sus intereses, en desmedro de otras de conducción independiente.

Esa maniobra se tornó más burda en el final del mandato K, cuando, en sólo 40 días, la expresidenta Cristina Kirchner repartió $747 millones entre facultades del Conurbano, cajas políticas creadas entre 2003 y 2014, con estrechos vínculos con los anteriores ocupantes de la Rosada.

Los giros fueron aprobados por resoluciones de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación nacional y entre ellas hay algunas particularmente escandalosas: la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHur), que todavía no tiene alumnos porque fue creada en diciembre de 2014, recibió $ 140 millones entre octubre y diciembre del año pasado; de ellos, $48 millones fueron para la construcción de una pileta climatizada y un estadio cubierto.

Como la UNAHur fue impulsada por el exsecretario administrativo del exvicepresidente, Amado Boudou, y actual intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, ya tiene garantizados $40 millones para 2016. El rector de esta casa de altos estudios es otro K, Jaime Perczyk, subsecretario del ex ministro de Educación, Eduardo Sileoni, que fue nombrado en el cargo en menos de tres semanas y cuya designación está en la mira de la SPU.

Una cuestión de amigos

Pero las arbitrariedades de los tiempos K no se agotan en Hurlingham. La UNPaz, de José C. Paz, recibió $2 millones para solventar el insólito e inexplicable “Programa Interuniversitario de Acciones Estratégicas para la Transferencia de Conocimiento en el Terreno (PINAE)”. Cabe destacar que en esta academia del territorio de Mario Ischii dicta cátedra el exjuez K de la Corte, Eugenio Zaffaroni.

Bajo la misma metodología, la Universidad de Avellaneda (UNDAV), dirigida por Jorge Calzoni,  extitular de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) y aliado del intendente K, Jorge Ferraresi, consiguió $ 7,5 millones; la Universidad Arturo Jauretche, de Florencio Varela, que fue promovida por el diputado ultrakirchnerista Carlos Kunkel, fue premiada con $20 millones para “financiar gastos”, la creación de 82 cargos no docentes, y recibió $7,6 millones para su financiamiento anual.

A su vez, es sorprendente la hendija que halló el kirchnerismo para beneficiar a sus universidades militantes y castigar a las que impulsaban el pensamiento crítico: los llamados “programas” por fuera del presupuesto, que permitieron incrementar los fondos hasta en más de la mitad de lo aprobado por el Congreso.

Así, un acuerdo entre la Universidad de Tres de Febrero (UNTREF) y el ministerio de Planificación Julio De Vido habilitó la contratación de personal en el cuestionado Centro Cultural Kirchner (CCK) y hasta en la señal DeporTV. A esos fines, De Vido desvió $214 millones, desde noviembre de 2014. Con similares artilugios, a mediados del año pasado el anterior gobierno asignó más de $200 millones para crear una insólita carrera de ingeniería aeroespacial en la Universidad Nacional de San Martin (UNSM) que, en realidad, habría sido una pantalla para financiar a ñoquis, militantes rentados y contratos políticos.

A despecho de la máxima sarmientina, los K gobernaron para los amigos, no para la República.

El desafío de la era Macri

Queda claro que en estos 12 años, buena parte de las casas de altos estudios fueron, antes que academias, búnkers políticos destinados a sostener las cajas de los funcionarios K; a uniformar el pensamiento a través de rectores y profesores militantes, a cambio de millones.

Ahora, si bien esto forma parte de la nefasta herencia de la administración K, cabe preguntarse cuál será la política del presidente Mauricio Macri en este sentido. ¿Pagarán aquellos que hicieron de la educación una cuestión política, clientelar y proselitista, a contramano del desarrollo y el progreso de la Nación? ¿Irán a la justicia los encargados de condenar al ostracismo a quienes pensaban distinto? ¿Los que repartieron la educación como un botín al que unos podían acceder y otros no? ¿Los que profundizaron la crisis de un sistema que, cada vez más, nivela para abajo?

Según le confió a Hoy la actual subsecretaria de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias, Danya Tavella, la meta del ministerio de Educación que comanda Esteban Bullrich es “establecer un sistema de transparencia en el reparto presupuestario y vamos a revisar los fondos destinados en los últimos 40 días de gobierno K, analizar los objetivos de esos recursos y ver cómo si contribuyen al mejoramiento de la calidad educativa en las universidades”, y aclaró que “lo que está fuera de discusión es que la educación será la prioridad, por encima de la militancia o las cuestiones políticas”.

Pero el tiempo apremia y quienes votaron por el cambio esperan respuestas, hechos que vayan más allá de las buenas intenciones.