Bianco realizó una cruda radiografía de la situación económica
“Estamos viviendo una situación de fuerte recesión económica, de caída de los ingresos, de caída del consumo y de problemas para llegar a fin de mes”, expresó.
Los gremios reclaman que el Gobierno cumpla con la norma aprobada en el Congreso y advierten por el vaciamiento de la educación pública.
11/11/2025 - 00:00hs
Las universidades nacionales anunciaron un paro de 72 horas a partir de mañana miércoles en reclamo de la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario. La norma, aprobada dos veces por el Congreso y promulgada el 21 de octubre por Casa Rosada, aún no cuenta con presupuesto asignado, lo que en los hechos la vuelve sin aplicación efectiva. Para los gremios docentes, esta omisión no solo es un incumplimiento político, sino también una vulneración constitucional.
“La ley debe aplicarse, sin más demora. Es anticonstitucional no hacerlo”, advirtió Ileana Celoto, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA. Según la dirigente, el Estado ya adeuda un 44% de aumento salarial que debería haberse otorgado en el marco de la norma. “Ya no es un reclamo, es una deuda”, enfatizó.
El malestar se acumula luego de tres marchas federales en defensa de la universidad pública que no lograron torcer la decisión del presidente Javier Milei. Los gremios denuncian que los salarios no fueron recompuestos y que la situación de los trabajadores se agrava mes a mes. Pilar Barbas, secretaria de la Federación Universitaria Argentina (FUA), fue contundente: “Plata hay. Este Gobierno decidió desfinanciar a las universidades y destinar recursos a la deuda externa y a la SIDE. Su plan es contra la universidad pública, contra los hospitales y contra los derechos laborales”.
Salarios en crisis y equipos vaciados
La falta de actualización salarial golpea de lleno a los docentes y no docentes. Celoto explicó que muchos trabajadores perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza y que la precarización ya genera pedidos de reducción de horas. “Se están vaciando los equipos de trabajo. No podemos sostener más las tareas con los sueldos actuales”, alertó.
La diputada del Frente de Izquierda, Mercedes de Mendieta, también docente universitaria, describió la situación como “salarios de miseria”. Señaló que un ayudante de primera cobra apenas 2.000 pesos la hora por diez horas semanales y que cientos de colegas trabajan ad honorem. “La universidad se sostiene gracias al esfuerzo tremendo de docentes, no docentes y estudiantes, que resisten un ajuste histórico”, afirmó.
Una ley que no se cumple
La Ley de Financiamiento fue presentada como un freno al vaciamiento de la educación pública y como garantía de recomposición salarial. Sin embargo, la falta de presupuesto para su implementación la convierte en un gesto vacío. Para los gremios, el Gobierno incumple de manera ilegal una norma votada por ambas Cámaras y conquistada con la movilización de la comunidad educativa.
Desde la FUA y la AGD señalan que la medida de fuerza busca visibilizar la gravedad de la situación y alertar sobre sus consecuencias a largo plazo, entre ellas la desarticulación de equipos, el abandono de la carrera académica por parte de docentes y el deterioro de la calidad de la enseñanza que enfrentan los estudiantes.
El paro de 72 horas se inscribe en un clima de creciente tensión entre el Ejecutivo y el sistema universitario. Para los gremios, la inacción oficial no es un error administrativo, sino una decisión política que apunta a debilitar la educación pública.