Tras otra reunión sin avances, la Unión Tranviarios Automotor mantiene el estado de alerta y el conflicto salarial con las empresas de transporte y el Estado nacional, con la mira puesta en una próxima audiencia que podría definir si se concreta o no la medida de fuerza.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras que representan a las empresas de transporte automotor de pasajeros no lograron sellar un acuerdo salarial en la última audiencia paritaria, lo que profundizó la crisis en el sector y elevó la posibilidad de que se concrete un paro de micros en los próximos días. El sindicato ratificó su estado de alerta y advirtió que, de no producirse avances concretos en el próximo encuentro, podría activar medidas de fuerza que impacten en la circulación de colectivos de corta y media distancia.
El fracaso de las negociaciones ocurre en un contexto donde la discusión salarial viene acumulando frustraciones tras varias rondas de diálogo sin consensos. La UTA sostiene que los salarios de los choferes no se ajustan al ritmo inflacionario, mientras que las empresas del sector reclaman mejores condiciones financieras y la actualización de subsidios para sostener operaciones y cubrir costos. La tensión es tal que el sindicato plantea la posibilidad de interrumpir el servicio si no se obtienen propuestas satisfactorias.
Ante esta situación, el Ministerio de Trabajo reprogramó una nueva audiencia, prevista para esta semana, con el objetivo explícito de intentar destrabar el conflicto antes de que se declare un paro inminente. Las partes retomarán el diálogo con la intención de acercar posiciones, aunque persisten diferencias sobre los porcentajes de recomposición salarial y las garantías económicas para las empresas.
El estancamiento también pone en relieve la fragilidad financiera del sistema de transporte público, que opera con altos costos y subsidios insuficientes, según plantean las cámaras empresarias. La falta de avances en la paritaria, sumada a la persistencia de aumentos tarifarios y condiciones económicas complejas, complica aún más la posibilidad de un acuerdo rápido.
Mientras tanto, millones de usuarios que dependen de los colectivos para sus traslados diarios siguen a la expectativa de una resolución que evite interrupciones del servicio, que afectarían no solo el tránsito urbano sino también la rutina laboral y educativa de amplios sectores de la población.