Visita a genocidas: Arrieta vinculó al Ejecutivo

Tras publicar los chats que prueban cómo fue organizada la visita a represores en el penal de Ezeiza y los proyectos de diputados oficialistas para conceder prisión domiciliaria a genocidas, Lourdes Arrieta habló por primera vez en público y expresó: “tengo miedo por mi vida”.

Como bien informó diario Hoy en su edición anterior, la diputada publicó un extenso descargo en redes sociales en el cual expuso chats que involucran a varios de sus pares de La Libertad Avanza en la coordinación de la visita de represores al Penal de Ezeiza. Esto se da tras conocerse su salida del bloque.

En el posteo reveló la creación de grupos de WhatsApp para avanzar en beneficios a militares condenados por crímenes de lesa humanidad. Además, enumeró diputados: “Me agregó el padre Ravasi el 23 de febrero. Entré porque ya estaban muchos de mis colegas que hoy fingen demencia: Lemoine, Ponce, Orozco, Mayoraz, Santurio, Benedit, Ferreyra y Araujo”.

En marzo se concretó una reunión para modificar la Ley de Ejecución Penal: “El proyecto tiene como finalidad obligar a los jueces a conceder la prisión domiciliaria”.

“Seguiré denunciando públicamente hasta que el Congreso constituya una Comisión Investigadora para determinar responsabilidades y fines reales de quienes visitamos el penal”, culminó.

Más tarde, la legisladora divulgó una serie de proyectos de ley y un decreto presidencial con los que pretendían lograr la libertad de los represores.

Uno de los documentos filtrados es un decreto que tiene por objetivo promover la libertad de aquellos genocidas que se encuentren detenidos, habiéndose superado un plazo de 25 años desde la comisión del delito. Vencido el plazo dispuesto en la iniciativa, proponen que opere “la extinción por insubsistencia de la acción”. El término deberá ser contado “desde la fecha de comisión del delito”. Además, un pasaje del texto propone que el cómputo de los 25 años “se verá interrumpido en caso de que la Nación sufra la interrupción de la vida democrática mediante la ilegal deposición de las autoridades de sus tres Poderes”.

Por otro lado, el proyecto de ley denominado Plazo Razonable también argumenta en el mismo sentido que el decreto, pero el plazo propuesto es de 20 años, en lugar de 25. También se indica que el tiempo comienza a correr desde el momento en que la autoridad ha tomado conocimiento de la comisión de un hecho delictivo. Pasado ese tiempo, el Estado deberá finalizar con “la persecución penal”.

Ante esto, Arrieta denunció que sus pares del bloque buscan lograr la “impunidad de los responsables de crímenes de lesa humanidad”. “No es la agenda del Presidente Javier Milei, no voy a permitir que se manipulen leyes a espaldas de Milei”, agregó.

“Tengo miedo por mi vida”

En una entrevista radial, Arrieta aseguró que ya habló con el juez Kreplak que lleva la causa: “Le dije que tengo miedo por mi vida y consideró darme custodia”.

Además, justificó sus posteos en redes sociales “porque nadie cuenta la verdad y todos se quieren lavar las manos”.

Por último, ratificó que no renunciará a su banca.