Viviendas sociales afuera: Nación derogó el FISU

Como bien informó diario Hoy, días atrás Manuel Adorni anunció la disolución de varios fondos fiduciarios, entre ellos el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Ahora, mediante el Decreto 312/2025 publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó su eliminación.

En los considerandos, el Ejecutivo señaló que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) elaboró un informe en el cual formuló varias observaciones sobre el funcionamiento de este fideicomiso. Entre ellas, se destaca “la generalizada falta de cumplimiento en los plazos previstos en la ejecución de obras, evidenciando la existencia de falencias en la planificación de los tiempos previstos para la ejecución de los proyectos, generando, en consecuencia, mayores costos adicionales y administrativos”.

El decreto agregó que “se han evidenciado retrasos en las rendiciones de cuentas e incumplimientos a lo dispuesto en los diferentes contratos, así como la ausencia de comunicación de los proyectos de pliegos y de actos administrativos de los procesos de contratación al fiduciario”.

Qué era el FISU

Administrado por el Ministerio de Capital Humano, el FISU tenía por objetivo financiar proyectos de integración socio urbana para barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) para crear lotes con servicios.

Durante 2023, el fondo fue financiado por casi $6.000 millones de pesos. Sin embargo, en febrero de 2024, Milei dispuso por decreto la reducción del FISU al achicar del 9% al 0,3% los fondos destinados al mismo a partir de la recaudación del impuesto PAIS, el cual fue finalmente eliminado a fines del año pasado.

Según detalló un informe de la fundación Techo de diciembre de 2024, la falta de financiamiento a la política de integración social y urbana durante 2024 “traza un panorama crítico de no ser revertido”. En este sentido, el documento calificó al FISU como una herramienta “pionera en la región y reconocida por organismos internacionales”. Su desfinanciamiento “paraliza más de 1.000 obras de integración sociourbana, poniendo en riesgo cerca de 25.000 empleos y privando a miles de familias de garantías básicas como vivienda digna, agua potable, cloacas y electricidad”.