Vuelven las tomas en reclamo del financiamiento universitario

Luego de la Cuarta Marcha Federal Universitaria y en medio de una semana de paro de docentes universitarios, estudiantes del Nacional Buenos Aires y del Carlos Pellegrini resolvieron tomar ambos colegios preuniversitarios de la UBA. La medida de fuerza es por tiempo indeterminado y en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que este miércoles se cumplieron 218 días de su sanción.

Las tomas, decididas en multitudinarias asambleas de estudiantes, comenzaron el martes a la noche y persistieron durante la jornada de este miércoles.

La modalidad de la toma es con permanencia dentro de los edificios. Además, pese a la ocupación, las clases no quedarían completamente suspendidas. De acuerdo con lo acordado en las asambleas, cada estudiante podrá optar por adherirse o no a la medida y, en paralelo, se organizarán clases públicas y actividades abiertas para visibilizar el reclamo.

El presidente del centro de estudiantes del Nacional Buenos Aires, Francisco Pitrola, explicó en declaraciones a A24 que la intención es “visibilizar la crisis y defender la educación pública”. Además, señaló que la continuidad de la medida será evaluada día a día en nuevas asambleas.

Por su parte, Tomás Aparisi, representante de la agrupación estudiantil Punto de Fuga, minoría en el Centro de Estudiantes del Pellegrini, remarcó el consenso unánime de la medida. “La única discusión y diferencia dentro de la asamblea fue alrededor de si tomar hoy, mañana o en otro momento del año”, relató en diálogo con El Destape.

La principal exigencia apunta al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y promulgada en octubre de 2025, que establece mecanismos de actualización presupuestaria para universidades nacionales e instituciones dependientes.

Sin embargo, la norma actualmente se encuentra judicializada y su aplicación quedó suspendida mientras se define el esquema de partidas presupuestarias. El Gobierno nacional apeló fallos iniciales y ahora decide la Corte Suprema.

En paralelo, el oficialismo impulsa un nuevo proyecto legislativo que condiciona las actualizaciones automáticas.