Ya está en la Legislatura bonaerense el proyecto de ley de alquileres

El proyecto de ley del senador oficialista Francisco Durañona busca acercar una solución al problema habitacional en la provincia de Buenos Aires, regulando las condiciones para que los inquilinos, tanto de propiedades urbanas como rurales, tengan la protección del Estado a la hora del ingreso a una vivienda.

La iniciativa establece la obligatoriedad de la publicación de los honorarios y alícuotas en los locales y páginas web de las inmobiliarias y martilleros públicos, como así también que la solicitud de informe de dominio en el ­Registro de la Propiedad, las certificaciones de firmas, la averiguación de informes de ­garantía, honorarios y cualquier otro gasto relativo a los trámites por locaciones de ­inmuebles urbanos o rurales sean costeados por el propietario.

El proyecto se encuentra vigente en La Pampa, Ciudad de Buenos Aires y Río Negro y fue trabajado en conjunto con la Federación de Inquilinos Nacional.

Gervasio Muñoz, su titular, expresó en la presentación que “hay que entender que somos cada vez más inquilinos y se concentran las viviendas en pocas manos. El acceso a la vivienda tiene que ser política de Estado. Si el Estado participa, se puede vivir ­dig­namente”.

Para el caso de locaciones con destino a vivienda única, de ocupación permanente, la solicitud de informe de dominio en el Registro de la Propiedad será sin costo para los locatarios en los futuros contratos en el que se lo soliciten, y pasará a estar a cargo de los locadores.

El texto también indica que el 4% de los honorarios para el arrendamiento de casas urbanas y rurales, carga que actualmente se divide entre los locatarios y locadores, será exclusiva de los propietarios. “No es que las inmobiliarias pierden ese dinero, sino que quien deberá pagar el trabajo de la inmobiliaria es aquella que tiene viviendas en alquiler. La implicancia se fundamenta en los inquilinos, ya que “para un alquiler de 30.000 pesos en la Provincia, necesitás 130.000, y con este proyecto bajaría muchísimo este obstáculo para los inquilinos”, explicó Muñoz.

Por su parte, el senador Durañona afirmó que “el objetivo del proyecto es acercar una solución al problema habitacional en la provincia de Buenos Aires con una lógica de arraigo, generando un alivio económico al sector de inquilinos, que son quienes enfrentan la mayores cargas”.

De la presentación también participaron el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), la Asociación Coordinadora de Usuarios, Consumidores y Contribuyente (Acucc), Acción del Consumidor (Adelo), Asociación Civil Cruzada Cívica para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Coordinación de Alquileres de la provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional de Avellaneda (Undav), Coordinadora de Abogados de Interés Público (CIAP), Ni Una Menos y la Municipalidad de Morón, además de agrupaciones de inquilinos de La Plata, Bahía Blanca, Tandil, Lomas, Mar del Plata, Tres de Febrero, Vicente López y Quilmes.

Las voces del proyecto

Durañona sostuvo que “hay que quitarles presión a los inquilinos de gastos que no corresponde que hagan ellos. La importancia de generar y garantizar las condiciones necesarias para que quienes viven en distintos territorios, sea en grandes ciudades o pequeñas localidades, tengan acceso a los mismos derechos por igual”.

Por su parte, Adriana Malek, de la Unión de Consumidores de Argentina, expresó que, “dado el contexto de la pandemia, el año pasado el tema de alquileres fue un tema de preocupación para familias o personas que debían renovar o conseguir una nueva vivienda. Estas familias enfrentaron endeudamiento, por eso nos parece fundamental este proyecto”.

En este sentido, Jerónimo Guerrero Iraola, del área de Inquilinos de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, sostuvo que “han habido situaciones muy diversas que vimos el año pasado en materia de reclamo de inquilinos, tuvimos un aumento del 500% de reclamos. Lo que hay que entender es que esta es una situación sociológica, las normas inciden sobre conflictos sociales puntuales. Hay una necesidad de ir dotando de institucionalidad para poder estar ahí en los lugares y situaciones conflictivas”.