Nación actualiza los aranceles en Discapacidad
El Gobierno ajustó los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.
El Gobierno ajustó los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.
El Gobierno anunció que desde el 19 de junio el beneficio se activará sin presentar el CUD.
Legisladores presentan proyecto para garantizar pasajes gratuitos y frenar el ajuste en transporte.
La gestión libertaria eliminó las compensaciones a empresas de micros por los pasajes destinados a personas con discapacidad.
Diputados bonaerenses presentaron un proyecto para garantizar servicios y reforzar partidas ante el ajuste nacional.
Organizaciones denuncian que la actualización oficial profundiza la crisis del sistema de discapacidad.
El juez federal Vaca Narvaja intimó al Ministerio de Salud por las deudas del Plan Incluir Salud.
La vicegobernadora bonaerense advirtió que el proyecto oficial recorta derechos y pensiones.
Instituciones y familias marcharon en todo el país para exigir cumplimiento de la ley y rechazar recortes.
Familiares de personas con discapacidad, organizaciones y prestadores denunciaron a Milei y su gabinete por abandono de persona y abuso de autoridad.
La mesa política impulsa nuevos proyectos que recortan derechos y buscan frenar el financiamiento a la educación pública.
Las instituciones de apoyo marcharon para advertir que la obra social del Estado dejó de pagarles, en algunos casos, desde octubre del año pasado.
La actualización va a acorde al último dato de inflación, correspondiente a febrero.
El Ejecutivo elimina áreas y redefine funciones en discapacidad, mientras crece la tensión por pensiones y aranceles.
Familias, prestadores y transportistas denunciaron deudas y reclamaron por la continuidad de prestaciones. Hubo forcejeos tras un intento de acampe.
El organismo reglamentó el régimen de regularización de deudas para los prestadores de discapacidad.
Luego de numerosos reclamos y presión judicial, el Ejecutivo formalizó la norma sin asumir su responsabilidad política en la demora.
Un juzgado federal le otorgó un plazo de diez días al Gobierno nacional para cumplir con la norma aprobada y ratificada por el Congreso.