Es por el escándalo en el juicio de Diego Maradona donde la magistrada, que integró el tribunal, enfrenta acusaciones por parcialidad, abuso de autoridad y violación de deberes.
El futuro de Julieta Makintach comenzó a definirse este
jueves en el anexo de la Cámara de Senadores de Buenos Aires. La jueza enfrenta
un jury que podría destituirla por haber grabado sin permiso el documental
“Justicia Divina”, basado en el juicio por la muerte de Diego Maradona.
La acusación sostiene que la magistrada habría promovido un
proyecto audiovisual con fines económicos y sin autorización oficial. En
paralelo, avanza una causa penal en su contra por cohecho, abuso de autoridad y
malversación de fondos.
El proceso, de fuerte repercusión pública, está encabezado
por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Hilda Kogan,
quien preside el tribunal que deberá resolver la situación de la magistrada.
La acusación está a cargo de la fiscal general del
Departamento Judicial de Necochea, Analía Duarte, en representación de la
Procuración General, mientras que la defensa la ejerce el abogado penalista
Darío Saldaño, acompañado por Ramiro Sánchez Gamino y Luciano Rappazzo.
El jury está conformado por cinco legisladores-abogados: los
senadores Ariel Martínez Bordaisco y Sergio Raúl Vargas, junto con las
diputadas Abigail Gómez, Maite Milagros Alvado y Guillermo Castello.
Además, la Suprema Corte provincial designó como conjueces
titulares a Álvaro García Orsi y Pablo Agustín Grillo Ciocchini (ambos de La
Plata), Fabián Ramón González (Morón), María Victoria Lorences y Mirta Daniela
Greco (Lomas de Zamora).
El debate se extenderá entre cuatro y cinco jornadas, según
la cantidad de testigos y pruebas presentadas. Entre los convocados figuran
hijas y familiares de Diego Maradona, que presenciaron las audiencias del
juicio oral posteriormente anulado.
Makintach por su parte denunció una “persecución política” y
reclamó que el proceso se suspenda por falta de garantías. Su defensa cuestionó
la velocidad del trámite y presentó medidas cautelares para frenar la
audiencia.
Si el jury decide su destitución, la jueza quedará apartada
definitivamente y la causa penal continuará. En caso de ser absuelta,
recuperará su cargo, aunque por ahora sigue suspendida y cobrando solo el 40%
de su salario.