Dan luz verde al blanqueo de capitales

Con el respaldo del oficialismo y la oposición, el Senado convirtió anoche en ley el proyecto que permitirá comenzar a pagar las sentencias judiciales a jubilados y pensionados

Tras una extensa sesión, el Senado dio anoche luz verde al megaproyecto de ley por el cual se busca saldar deudas con un sector de los jubilados por diferencias en la liquidación de haberes y, a la vez, habilitar un nuevo blanqueo de capitales no declarados. La iniciativa fue aprobada en general por 55 votos a favor y once en contra.

Mientras que a nivel global el proyecto contó con amplio respaldo, la votación fue más ajustada y centro de debates en su articulado en particular. El rechazo, en su mayoría, provino del sector cristinista del FPV, que intenta hacer una oposición acérrima al gobierno de Mauricio Macri.

En tanto, el oficialismo contó con el apoyo del sector del PJ-FpV encabezado por el rionegrino Miguel Pichetto, que se referencia en los gobernadores provinciales de ese color político, que respaldan la normativa porque incluye un acuerdo con el Gobierno Nacional para la devolución del 15% de la coparticipación federal (que hasta ahora retiene la Nación para financiar la Anses). Este acuerdo también contempla un mecanismo de pago por parte del Estado nacional de la deuda que mantiene con 13 estados provinciales que no han transferido las cajas previsionales a la Anses en la década del '90, así como la apertura de una moratoria para las otras 11 provincias que sí transfirieron sus cajas y que tienen una deuda con la Nación en concepto de aportes patronales.

Además, contó con el apoyo del peronismo de San Luis, Córdoba y Chubut, mientras que las objeciones fueron planteadas por el sector ultra K del mayoritario bloque opositor.

Entre las quejas al megaproyecto se alertó sobre un intento de abrir la puerta a “desfinanciar el sistema previsional argentino” y que beneficia a quienes todavía no tienen una sentencia firme judicial e incluso a aquellos que ni iniciaron juicio en lugar de los “50 mil o 60 mil que tienen sentencia firme”, así como “una extorsión al federalismo” al incluir en una ley previsional el pago a las provincias.

También, aún quienes votaron a favor en general, advirtieron sobre el peligro de que no se pague a las provincias que no hayan armonizado su sistema jubilatorio con la Nación, porque la norma deja ese aspecto abierto a la reglamentación y en el texto establece ese condicionamiento.

La puntana Liliana Negre advirtió que nunca votó “un blanqueo, porque los blanqueos son para los evasores, pero esta vez tiene una asignación específica para el pago a los jubilados”, en tanto en chubutense Mario Pais criticó que “este proyecto debió ser materia de tres leyes diferentes”.

Los alcances de la normativa

Uno de los cambios fundamentales al proyecto se produjo luego de la detención del exsecretario de Obras Públicas de los gobiernos kirchneristas, José 

López, cuando definitivamente se decidió excluir del blanqueo de capitales a los familiares directos de los funcionarios públicos y a los integrantes del Parlasur. Se suman, así, a los ya excluidos jefe y vicejefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gobernadores, intendentes y funcionarios nacionales, provinciales y municipales de los tres poderes del Estado.

No tributarán nada quienes blanqueen hasta los 305.000 pesos. Pagarán un arancel del 5% quienes blanqueen la compra de inmuebles y capitales por hasta 800.000 pesos y del 10% para los montos mayores. Suma que sube al 15% desde el próximo año.

Además se prevé la actualización de los haberes y se impulsa la creación de la pensión a la vejez para mayores de 65 años, que se pagarán con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Entre otros puntos, el proyecto establece que el programa de reparación para jubilados y pensionados sea optativo, apuntando a un tercio de los jubilados (casi dos millones y medio), entre aquellos que tienen sentencia judicial firme, quienes iniciaron juicios aún en trámite y los que nunca demandaron, pero se les reconocen haberes mal calculados.

Aquellos con sentencia firme que opten por este programa cobrarán el 50% de la deuda en el primer mes y el resto en doce cuotas trimestrales. El financiamiento del programa se hará con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Se habilita al Estado a vender las acciones de la Anses en empresas privadas hasta un siete por ciento de la cartera que debe permanecer en manos del Estado.

Todas las voces a favor y en contra 

El senador por el GEN, Jaime Linares, expresó su respaldo al proyecto que habilita el pago de deudas previsionales a jubilados, pero rechazó el blanqueo de capitales porque “en las condiciones internacionales actuales vinculadas al narcotráfico, al delito complejo, son muchas más las dudas que nos generan que los aportes que nos puedan beneficiar”.

Por su parte, la senadora misionera Sandra Giménez, que abandonó el Frente para la Victoria (FPV) en medio del escándalo López, denunció que el blanqueo de capitales está destinado a “los amigos de Cambiemos que no cumplieron con su palabra, no liquidaron la soja ni repatriaron sus capitales y ahora extorsionan al Gobierno”.

En tanto, el peronista pampeano Daniel Lovera, defendió la iniciativa al argumentar que se trata de “una reparación para los jubilados” y que se instrumentará el “blanqueo de capitales para hacer frente a esa tarea”.

El salteño Rodolfo Urtubey, del FpV, respaldó el proyecto indicando que “un programa de pagos para jubilados es mejor que el status quo actual”, mientras que la ultrakirchnerista María Labado fustigó la iniciativa por considerar que “el blanqueo no garantizará el financiamiento” del pago de las deudas a los jubilados.