Lázaro Báez declaró por evasión y seguirá preso

El empresario patagónico fue indagado ayer por la sustracción de aportes patronales a sus empleados. El supuesto testaferro de los Kirchner pidió a la Justicia su prisión domiciliaria. Casanello le envió a Ercolini la investigación sobre ilícitos con la obra pública 

Lázaro Báez, sinónimo de impunidad a lo largo de la era kirchnerista, compareció ayer ante el juez en lo Penal Económico, Ezequiel Berón de Astrada, por la supuesta evasión de aportes patronales a sus empleados en la nave insignia de su emporio industrial, Austral Construcciones. 

Báez, sindicado como el presunto testaferro de la familia Kirchner, permaneció por algo más de dos horas en Tribunales, en donde se manifestó como inocente de los cargos que se le imputan, a la vez que expresó su total desconocimiento de los cerca de 33 millones de pesos que los organismos de control detectaron que no abonó en concepto de cargas sociales en las 16 empresas del conglomerado de firmas santacruceñas.

El empresario se negó a responder cualquier clase de pregunta ante el magistrado pero entregó un escrito en el que solicitó que se realice una pericia relativa a sus empresas y el pago de impuestos y aportes, entre otros elementos, antes de ampliar su indagatoria en la causa.

Según se investiga en Tribunales, el empresario, al igual que su par Cristóbal López (dueño del Grupo Indalo), habría desviado ese dinero para utilizarlo en otras operaciones, por lo que es pasible de ser inculpado del delito de “apropiación indebida de recursos de la seguridad social”.

Por esta causa, ya fueron citados a declaración indagatoria los hijos de Báez: Martín, que compareció el miércoles pasado, 

Leandro y Luciana, quienes deberán presentarse la semana próxima, además de otras 25 personas, entre directivos y representantes legales de las compañías.

Cambios

Además de prestar declaración por los aportes patronales no pagos, Báez presentó a través de su defensa dos recursos: uno para que sea excarcelado y otro para que, en caso de fracasar el primero, sea mantenido bajo arresto domiciliario para poder afrontar el adecuado tratamiento para su cuadro de diabetes.

En ese sentido, se presentó una copia de la historia clínica del empresario y un informe de un perito de parte para justificar la solicitud basado en que Báez está desmejorado, perdió peso y se le habría agravado el cuadro que lo aqueja. Los escritos fueron presentados ante el juzgado a cargo de Sebastián Casanello, quien le corrió vista al fiscal Guillermo 

Marijuan para que dictaminara en relación al pedido.

A su vez, en otra de las causas judiciales que se le siguen en su contra, Casanello se declaró incompetente en un tramo de la causa por lavado de dinero contra el patagónico y se la envió a su colega Julián Ercolini. Se trata de la parte referida al direccionamiento a favor de la obra pública en Santa Cruz hacia el empresario K. 

De esta manera, el titular del Juzgado Nº 10, que investiga los mayores hechos de corrupción durante los gobiernos kirchneristas, estará al frente de una causa en la cual ya citó a declaración indagatoria por el fraude en la obra pública a la expresidenta Cristina Kirchner, para el próximo 20 de octubre.

Por su parte, Casanello seguirá a cargo de la pesquisa vinculada al lavado de activos, conocida como ruta del dinero K, donde Báez ya tiene dos procesamientos y el juez debe definir la situación de sus cuatro hijos, indagados por ser supuestos beneficiarios de cuentas bancarias en Suiza.

Insólito pedido del empresario

A pesar del mal momento que se encuentra atravesando desde el punto de vista judicial, Lázaro Báez todavía sigue ocupándose de su holding empresarial desde su prisión en la localidad de Ezeiza. 

Ayer, en su recorrida por Tribunales, el empresario santacruceño adelantó la posibilidad de acogerse a la moratoria fiscal, que lanzó el gobierno de Mauricio Macri, por lo que le solicitó al juez en lo Penal Económico, Ezequiel Berón de Astrada, que “libre un oficio a la AFIP” para que “informen sobre la factibilidad de adecuarse a la nueva ley por parte de las empresas involucradas”. 

Báez solicitó que la AFIP informe sobre los planes de facilidades a los que accedieron sus empresas, y ordene una amplia pericia sobre las cuentas de Austral, planes adquiridos, actividad de las empresas y su situación financiera, para saber si las mismas cumplen con todos los requerimientos de la AFIP.

Para el eventual rechazo por parte del organismo, Báez reclamó que la AFIP “informe cuáles serían los motivos”, en el escrito de descargo que le entregó al magistrado en la audiencia, asistido por su abogado defensor, Gonzalo Díaz Cantón.