Corrupción en la AFIP: Una vez más se confirman las denuncias del diario Hoy

Gran parte del contenido de una denuncia realizada por actuales funcionarios de la AFIP contra Echegaray y sus secuaces, que fue difundida por un diario nacional, es igual a las investigaciones que venimos realizando desde hace años. Y que presentamos en abril de 2015 a la Justicia Federal de La Plata

Ayer, desde un diario nacional, presentaron una noticia sobre la corrupción de la AFIP durante la era K como si hubiesen descubierto la pólvora. Palabras más, palabras menos, informaron que un funcionario que actualmente forma parte del organismo recaudador, que durante la era K fue sacado de un alto cargo en el organismo que presidía Ricardo Echegaray (actual titular de la Auditoría General de la Nación) por investigar al poder, presentó en la Justicia Federal copias de resoluciones internas, memorandos e incluso correos electrónicos. Estas pruebas confirmarían las maniobras orquestadas por Echegaray para proteger a políticos y empresarios kirchneristas. Entre ellos, Lázaro Baez, sindicado como el testaferro de Néstor, Cristina y Máximo Kirchner.

A lo largo de 95 carillas, el actual funcionario  Jaime Mecikovsky, que describió que la protección oficial que recibió Báez no sólo provocó su desplazamiento y el de otros sabuesos de la AFIP que lo investigaban. También implicó reformas de la normativa del organismo para beneficiar al presunto testaferro de los Kirchner, o incluso, la sanción de la ley 26.476 de moratoria y blanqueo del Congreso, mientras Claudio Moroni se encontraba al frente de la AFIP.

Ahora bien, más allá de que resulta un dato positivo y merece destacarse que los actuales funcionarios denuncien en la Justicia la corrupción de la era K, la realidad es que gran parte de lo que expuso Mecikovsky – y reprodujo ayer el diario nacional- es lo mismo que viene siendo denunciado desde hace años por el diario Hoy. Es más, todas las investigaciones –y las pruebas documentales que acreditan lo publicado- fueron presentadas como prueba por parte de la directora del diario Hoy, Myriam Renée Chávez de Balcedo, que en abril de año pasado se presentó en el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata para denunciar la corrupción en el organismo recaudador. 

Chávez de Balcedo solicitó que se investigue a la cúpula del organismo recaudador por la posible comisión de los delitos de malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Amplias denuncias

Mecikovsky  presentó pruebas contra Echegaray y contra el ex director de la DGI, Angel Rubén Toninelli, quien invocaba órdenes de la entonces presidenta Cristina Kirchner, y contra Carlos Sánchez, su reemplazo como subdirector general de Operaciones Impositivas de Interior. Ahora bien, las denuncias del diario Hoy no sólo incluyen a los funcionarios antes mencionados. Son mucho más abarcativas. Por ejemplo, implican al ex titular de la Aduana, Guillermo Michel, y a la ex subdirectora General de Operaciones de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social, Silvana Quintero,  que se reciclaron en la Auditoria General de la Nación, junto con Echegaray. El primero como Secretario Ejecutivo de la Presidencia y Quintero como titular de la Oficina de actuaciones colegiadas.

En el voluminoso expediente que tramita en la Justicia Federal de La Plata se hace referencia a las conexiones de Michel con Carlos Alberto Salvatore y Susana Valles. Ambos fueron condenados por integrar empresas que podrían servir como plataforma para lavar dinero del narcotráfico. La relación con el ex titular de Aduana está dada por Ana Cristina Palesa, una abogada que autorizó varias de las sociedades comerciales que están o estuvieron vinculadas con Michel y con el ex pirata del asfalto Jorge Lambiris, quien según distintas notas periodísticas es amigo de Echegaray al punto que habrían veraneado juntos en Río de Janeiro pese a que es un empresario al que debería controlar.
 
La creación de empresas fantasmas, con domicilios falsos, fue una práctica generalizada entre los ex funcionarios de la AFIP, tal como lo hemos denunciado en las páginas de Hoy. Por eso, de forma posterior a la investigación realizada por nuestro diario, que puso de manifiesto que Sergio Raúl Vargas, el principal operador de Echegaray en los tribunales federales y su principal asesor en la AFIP, tenía una sociedad comercial trucha radicada en un edificio de departamentos de Neuquén, el entonces titular de la AFIP firmó una resolución que impedía a sus funcionarios ser titulares de empresas. Les dio un plazo de un año para que se desprendieran de sus sociedades comerciales. La medida nunca se aplicó: poco antes de dejar el cargo, Echegaray firmó otra resolución anulando el endurecimiento del código de ética. Es decir, borró con el codo lo escrito con la mano.

La impunidad, con la que se manejó la ex cúpula de la AFIP, parece estar llegando a su fin. Por eso, Echegaray comenzó a desfilar en los tribunales. La semana pasada se sentó en el banquillo de los acusados y en los próximos días deber afrontar nuevas indagatorias.