La Justicia española solicitó la captura internacional de Carles Puigdemont y mandó a prisión al vicepresidente catalán

Tras el pedido de captura internacional del expresidente Carles Puigdemont, que huyó a Bélgica, y el encarcelamiento sin fianza del destituido vicepresidente catalán Oriol Junqueras y de otros siete ministros del gobierno, que promovieron la declaración de independencia del viernes pasado, el conflicto entre independentistas y la Justicia española continúa profundizándose.

Ambas decisiones fueron firmadas por la jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, después de tomarles declaración a los nueve exfuncionarios que se presentaron a declarar en Madrid bajo la acusación de rebelión, sedición y malversación.

Por su parte, Puigdemont y otros cuatro de sus excolaboradores faltaron a la cita, tal como habían anunciado el miércoles desde Bruselas. Según sus abogados, los cinco tienen previsto entregarse ante un juez de Bélgica para demostrar que no escapan a sus responsabilidades, sino que desconfían de la imparcialidad de los tribunales españoles.

La impactante resolución judicial deja a casi toda la cúpula del independentismo de Cataluña en la cárcel, cuando faltan menos de 50 días para las elecciones convocadas por el gobierno de Mariano Rajoy al intervenir las instituciones autonómicas.

Junqueras, líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio), Meritxell Borrás (Gobernación), Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Carles Mundó (Justicia), Dolors Bassa (Trabajo) y Joaquim Forn (Interior) llegaron a las cárceles de Estremera y Alcalá Meco, donde quedarán alojados por tiempo indeterminado.

Apoyo para los presos políticos

En Cataluña, miles de personas, al grito de “Ni un paso atrás”, “Huelga general” y “No pasarán”, marcharon con pancartas pidiendo la libertad de los presos políticos. Los independentistas se concentraron frente al Parlamento catalán para reclamar la liberación de los miembros del gobierno encarcelados por su rol en el proceso secesionista.

Las manifestaciones fueron convocadas por las organizaciones independentistas contra la decisión de la jueza Carmen Lamela, quien ordenó el ingreso a prisión sin fianza de Oriol Junqueras y siete exconsejeros del gobierno.