“Es una ley hecha a medida de seis grandes emprendimientos mineros”

En diálogo con diario Hoy, el abogado ambientalista Enrique Viale se refirió a la presentación del amparo contra la reforma de la Ley de Glaciares con más de 850.000 firmas, los cambios que generan controversias y el riesgo que corren las reservas de agua dulce en el territorio nacional.

En las últimas horas, organizaciones ambientalistas pre­sentaron un amparo colectivo con más de 850.000 firmas contra la Ley de Glaciares para denunciar la inconstitucionalidad y solicitar una medida cautelar para proteger el agua. Se trata de la demanda colectiva más grande de la historia por el agua.

La misma exige que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27.804 que reformó y debilitó la protección de los glaciares y del ambiente periglacial.

“Nosotros venimos siguiendo el proceso de la Ley de Glaciares desde su sanción original en el 2010 junto a un montón de organizaciones territoriales y socioambientales de todo el país. Es una ley muy vinculada a la lucha socioambiental. Por eso, mientras se estaba tramitando legislativamente la reforma a la ley, ya veníamos anticipando que si se llevaba a cabo la íbamos a judicializar por ser manifiestamente inconstitucional”, le dijo a diario Hoy el abogado Enrique Viale, quien además es consultor y especialista en Política y Legislación Ambiental.

En ese sentido, amplió: “Sabíamos que era algo que tenía mucha sensibilidad en gran parte de la población argentina y por eso decidimos abrir y hacer que sea la demanda colectiva más grande de la historia por el agua, donde 850 mil personas se adhirieron en un hecho inédito”.

El núcleo de la presentación es una acción de amparo contra el Estado Nacional, donde se solicita una medida cautelar urgente para suspender su aplicación en todo el país, mantener vigente la Ley 26.639 y frenar cualquier autorización o proyecto minero en zonas protegidas por el Inventario Nacional de Glaciares.

“La gran minería que está detrás de esto es inherentemente destructiva. No es que se quieren llevar los glaciares en cubitos o llevarse el agua a los glaciares, sino que quieren sacar los minerales que están abajo. Y para eso tienen que destruir el glaciar. Es una actividad inherentemente destructiva que necesita remover millones y millones de toneladas de roca para luego, a través de un proceso químico, diluirla con una sopa química que tiene cianuro, mercurio y otros metales pesados. Y para eso necesita mucha agua y mucha energía”, sostuvo Viale.

Según remarca el letrado existen seis proyectos mineros concretos que están proyectados sobre lugares que estaban prohibidos por la anterior ley, que es donde nacen los ríos de nuestro país.

“Entre ellos podemos mencionar el Proyecto Vicuña en San Juan, un proyecto enorme de una multinacional gigante que es BHP, otro es el proyecto Veladero de Barrick Gold que está en funcionamiento y que está en zona prohibida por la anterior ley. Y después tenemos otros proyectos en Mendoza y otros también en San Juan como Los Azules, también de grandes corporaciones mineras que lograron hacer una ley a su medida. Esta es una ley hecha a medida de seis grandes emprendimientos mineros”, remarcó Viale, quien además es autor de diversos libros y artículos especializados en Desarrollo, Política, Derecho y Justicia Ambiental publicados en el país y en el extranjero.

Consultado sobre cómo la nueva Ley de Glaciares pone en riesgo las reservas de agua dulce, resaltó que la reforma lo que ha hecho es “es entregar donde nacen los ríos de nuestro país y donde se abastecen siete millones de personas de forma directa. El 70 por ciento de nuestro territorio es atravesado por ríos que nacen en estos lugares”.

En ese marco, el especialista sentenció que “una vez destruido un glaciar es para siempre. Estamos hablando del agua, el elemento más vital para todo. Para la vida, para producir, para para tener trabajo, para para poder tener arraigo. Sin agua no hay nada”.

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